La propuesta de la JSF contenida en el Plan de Ajuste de Deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometido ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos refleja recortes insuficientes para favorecer a los bonistas, aparte de sugerir la imposición de dos nuevos cargos, por 35 y 50 años, que destruirían la economía puertorriqueña.
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público reiteraron que el organismo impuesto por Washington al gobierno isleño prosigue con sus planes, esta vez mediante dos cargos que, de ser acogidos, se mantendrán por los próximos 35 a 50 años para pagar la deuda de la AEE.
“La Junta insiste en nuevos cargos en la factura de la luz para pagar la deuda no auditada de la AEE; propone, sin respaldo de los bonistas, repagar más de 5,4 mil millones de dólares de la deuda, pero ese recorte es insuficiente”, expresó el planificador José Rivera Santana.
El portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público indicó que para poder cumplir con esa propuesta de pago tendría que establecer dos cargos, uno fijo para todos y otro que está atado al consumo individual de energía, que será devastador para las familias y comerciantes.
En tanto, la abogada Eva Prados, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, explicó que de aprobarse la propuesta de la JSF, los dos nuevos cargos estarán vigentes por las próximas cinco décadas.
“Más peligroso aún es que la Junta no esté incluyendo en este plan la cantidad específica de los aumentos, lo que es preocupante, pues el país no soporta un aumento más; somos la segunda jurisdicción de Estados Unidos con el costo más alto en el precio de la luz, lo que representa ya una carga económica insostenible en Puerto Rico”, añadió Prados.
Destacó que más incrementos sólo provocarán el cierre de negocios, hospitales, desahucios y más pobreza para nuestras familias.
El Frente por la Auditoría de la Deuda, así como múltiples organizaciones y sectores, señalaron que se debe recortar sustancialmente e incluso cancelar esa deuda en bonos y que no existe en ese plan un análisis económico o ningún indicador que determine como viable la propuesta de la Junta, lo que podría llevar a un nuevo impago en el futuro.
Las organizaciones advierten que a pesar de que la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la bancarrota de Puerto Rico, expresó que los aumentos de las tarifas no pueden exceder el ritmo de crecimiento económico del país, el plan de ajuste presentado por la JSF no incluye ninguna proyección económica que atienda ese aspecto.
“Es indignante que la Junta esté publicando un plan sin el más mínimo nivel de transparencia sobre la sostenibilidad del pago ni de cuántos serán los aumentos que van a imponer al pueblo ni ningún análisis del impacto en la economía”, manifestó Rivera Santana.
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