Andrónico Rodríguez, presidente de la cámara alta, advirtió la víspera que volverán a citar a la máxima autoridad departamental de Santa Cruz, y si reincide en la negativa de brindar un informe, se activará “por la vía penal” un proceso por incumplimiento de deberes. El anunció fue respaldado de inmediato en las redes sociales por los miembros del Comité Impulsor de la Justicia quienes, de manera permanente, luchan contra la impunidad que disfrutan hasta el presente los impulsores y ejecutores del golpe de Estado de noviembre de 2019, al igual que otros promotores de la desestabilización gubernamental como el Comité Cívico cruceño.
Al referirse a este asunto el diputado del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Patricio Mendoza, exigió al gobernador responder por las medidas de fuerza que se extendieron por 36 días en el departamento oriental.
Recordó el legislador cruceño que existen decenas de denuncias sobre abusos, agresiones y también heridos por las barricadas armadas en los puntos de bloqueo con alambres de púas, cables y promontorios de tierra.
Criticó que Camacho se escuda en el pretexto de que es víctima de persecución política.
“No se quiere perjudicar a nadie -aclaró-, esto no es político, están los hechos, la realidad, (…) si alguien está pidiendo informe, él tiene que responder a la población».
Con anterioridad, la Cámara de Senadores convocó al gobernador para el 15 de diciembre con el objetivo de escuchar un informe por los 36 días de paro.
En ese lapso los movilizados por Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, provocaron cuatro muertes, y existen denuncias de violación de los derechos humanos.
Resaltan entre estas ilícitas las agresiones a mujeres del pueblo indígena ayoreo, el asalto y quema de la sede de los campesinos y de la Central Obrera Departamental y pérdidas económicas superiores a los mil 200 millones de dólares.
Sin embargo, Camacho incurrió en desacato, y horas antes de la instalación de la sesión informó en una nota que no asistirá porque la Cámara de Senadores carece de competencia para exigirle un informe sobre el paro que no consiguió su objetivo de “Censo de Población y Vivienda 2023 sí o sí”.
La Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establecen que “las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
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