De esta manera se pone fin a un largo y complejo proceso iniciado desde el último gobierno de Michelle Bachellet (2014-2018), y que fue objeto de intensos debates por algunos acápites del TPP-11 señalados de violar la soberanía nacional.
Los opositores al acuerdo rechazaban el apartado referido al mecanismo de solución de controversias entre corporaciones empresariales y los Estados miembros.
En concreto, si alguna transnacional considera que, a su juicio, un país obstaculiza su “derecho” a obtener ganancias puede demandarlo ante un tribunal especial y obligarlo a aceptar sus condiciones para invertir en él, independientemente de su voluntad soberana.
Desde la ratificación en el Congreso Nacional, el ejecutivo encabezado por el presidente Gabriel Boric demoró su formalización con el propósito de darse tiempo de negociar “cartas laterales” con los otros socios para no aplicar ese mecanismo.
Hasta el momento sólo consiguió acuerdos con Nueva Zelanda, México y Malasia y obtuvo una declaración de Canadá y Australia para tratar el tema una vez ratificado el tratado por Chile.
El TPP-11 está formado además por Brunei, Japón, Perú, Singapur y Vietnam. Estados Unidos formó parte de las negociaciones iniciales, pero se retiró durante el gobierno de Donald Trump.
Este grupo de países totaliza el 13 por ciento de la economía mundial y abarca un mercado potencial de 498 millones de personas.
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