Cuando los legisladores tenían previsto sesionar hasta este jueves, este miércoles 38 diputados aprobaron adelantar en un día su período de receso y regresar el 9 de enero de 2023.
Esta legislatura comenzó el 1 de mayo pasado, tras las elecciones generales de febrero en que fueron escogidas las 57 curules que forman la Asamblea Legislativa y que mantendrán sus puestos hasta el 30 de abril de 2026.
Tal vez lo más destacado en estos casi ocho meses de debates es la aprobación del Proyecto de Ley de Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional (Eurobonos), en noviembre pasado, luego de siete meses de negociaciones y varias reuniones con algunos miembros del Ejecutivo.
El texto de la propuesta indica que tres mil millones de dólares (dos partes de mil 500 millones cada uno), aunque se denominen Eurobonos, los podrá colocar el Gobierno en el mercado internacional en 2023, tras la entrada en vigor de la ley y el resto los pondrá en dos tractos de mil millones cada uno en 2024 y 2025, respectivamente.
La negociación de esa propuesta legal sobresale sobre el resto porque ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, tuvieron que ceder.
El Poder Ejecutivo tuvo que admitir que en vez de seis mil millones, el Legislativo le aprobara emitir títulos valores por cinco mil millones de dólares, así como cumplir ciertos requisitos para colocar en el mercado internacional los dos mil millones de dólares finales, como colocar escáneres en los puertos y habilitar la Hacienda Digital, entre otros.
Por su parte, los diputados deberán impulsar y respaldar proyectos de ley de interés del Gobierno como los referidos al manejo eficiente de la liquidez del Estado y al de la promoción y apertura del mercado de deuda pública interna costarricense.
Otro asunto, aún en estudio por la Comisión Especial de Ambiente es la iniciativa legal Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo, impulsada por el Ejecutivo, pero rechazado por representantes de diferentes entidades vinculadas con las drogas, al estimar que su aprobación no eliminaría su tráfico ilícito ni disminuiría su consumo.
En la más reciente comparecencia ante esa Comisión, la directora interina del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Wendy Castro, afirmó que la sola legalización de esa droga provocará un aumento en el consumo, por el simple hecho de facilitar el acceso a ésta.
«Si se regula o legaliza el uso de una tercera droga (tras el alcohol y el tabaco) habría un incremento del consumo, eso es una regla económica, porque al haber mayor acceso la persona va a consumir o va a tener un acceso más fácil, entonces es evidente que habrá un incremento» subrayó.
Para Castro el proyecto les preocupa desde el título, pues hablar de marihuana o cannabis recreativo hace una alusión a algo positivo. «Debería ser un consumo no medicinal, porque el uso de ‘recreacional’ confunde a la persona a pensar que es algo con características positivas», explicó.
De esa forma, el IAFA se sumó a la Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación Judicial, el Colegio de Médicos y otras entidades que se oponen a la legalización del consumo de marihuana recreativa en Costa Rica.
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