El presidente de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Francisco Díaz, indicó a la prensa que desconocen quién asumirá el pago de sus salarios una vez se ejecute el plan de mantenimiento en el proyecto.
El programa de cuidado de los activos, indicaron analistas, visibiliza el cierre comercial de la compañía en el distrito de Donoso, provincia de Colón, que se negó a firmar con el Estado un nuevo contrato para la extracción de cobre, oro y plata.
Al respecto, Díaz precisó que en este momento hay tres mil 241 trabajadores de campo, mientras que otros dos mil 700 se dedican a labores administrativas.
La incertidumbre en el colectivo se incrementó desde el pasado lunes 19 de diciembre cuando se conoció la resolución publicada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que estableció un plazo de 10 días hábiles para que la empresa comunique los pasos del plan de mantenimiento.
Esa etapa pone pausa las exportaciones de concentrado de cobre y baja al mínimo la operación de la planta procesadora, indicó.
A diferencia del cierre de 2020, cuando se incrementaron los casos de Covid-19, ahora no hay razón de “emergencia nacional” para reducir el personal que debe seguir operando en la mina, opinó el sindicalista.
Señaló además que durante la reunión que sostuvieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se les aseguró que todos los obreros seguirán en sus puestos de trabajo, pero sin precisar quien pagará los salarios.
Según cifras de Minera Panamá, los sueldos mensuales alcanzan los 22 millones de dólares, sin contar los desembolsos a los más de dos mil proveedores con los que trabajan.
En un comunicado interno Minera Panamá informó a sus trabajadores que el proyecto continuará operando con normalidad hasta que sea notificado formalmente el cierre de operaciones comerciales.
Por su parte, funcionarios del MICI aseguran que la compañía a último momento modificó los términos que previamente había aceptado para el pago de las regalías que oscilarían entre el 12 y 16 por ciento sobre las ganancias brutas, así como el pago de impuestos.
La propuesta del Gobierno respetaba la rentabilidad de la compañía, ya que se fijó el precio de la libra de cobre en 2.75 dólares para el pago mínimo anual de 375 millones de dólares.
Sobre este litigio, la Cámara Minera de Panamá informó que el anuncio de cierre de la mina de cobre ha generado incertidumbre fuera de las fronteras sobre el ambiente para hacer inversiones en el país.
La mina de Cobre Panamá es la inversión privada más grande del país y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos, según sus estadísticas.
mem/ga
