Según el ministro de Defensa, vicealmirante René Francis Merino, desde que comenzaron las operaciones en el municipio de Soyapango fueron capturados 690 pandilleros, entre los que se encuentran cabecillas de las maras y colaboradores de estructuras criminales.
A eso se suman las acciones que prosiguen hoy en la comunidad Tutunichapa I y La Granjita, en el área metropolitana de San Salvador, iniciadas el 24 de diciembre y que incluyen la participación de unidades de la técnica canina para descubrir drogas en áreas usadas tradicionalmente por las maras para la venta de narcóticos.
El ministro de Defensa, quien encabezó las acciones desde un inicio, dijo a medios de prensa que se tienen resultados positivos, no solo por la captura de delincuentes, sino también por la droga y el efecto que se trasmite, que es lo más importante, según dijo.
El uso de canes entrenados permitió encontrar droga en varias de las viviendas y sectores que fueron intervenidos, muestra de ello, dijeron autoridades, son las 18 porciones de crack, cuatro de cocaína, una de marihuana y una balanza digital que estaban en una bolsa.
También como parte de la ofensiva que se mantiene hoy en las tres áreas cercadas, varias casas usurpadas por pandilleros en las colonias de Soyapango fueron entregadas a sus dueños, según dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, sin precisar el número de viviendas recuperadas.
“Durante este operativo, denominado “Casa segura”, se detectaron conexiones de luz, agua y cable fraudulentas. Asimismo, se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban “alquiler” y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas”, sostuvo el titular. Según los informes, hoy prosiguen las operaciones en las tres áreas cercadas con la participación de 12 mil policías y militares que buscan arrestar a unos 26 mil miembros de maras y pandillas que estarían en libertad, al margen de los 60 mil 475 ya detenidos.
Hasta el 14 de diciembre fueron liberadas también cerca de dos mil 100 personas, algunas inocentes y otras con medidas sustitutivas, aunque persisten denuncias de organizaciones sobre presuntos abusos de los derechos humanos, algo que el gobierno rechaza.
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