En un comunicado firmado por el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el ministro del Interior, Alfonso Prada y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señalaron que se trata de un fenómeno alarmante.
Recordaron que desde el 1 de enero hasta el 7 de agosto del presente año fueron asesinados 31 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, acciones que, pese no haberse detenido por completo, sí mostraron una reducción porcentual a partir de la implementación de medidas especiales por parte del actual Gobierno.
Señalaron que en los Consejos de Seguridad llevados a cabo todos los lunes, el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz es un tema prioritario de análisis con miras a la formulación de acciones estratégicas para enfrentar factores de riesgo y desmantelar los grupos criminales responsables por estos hechos.
Detallaron que desde el inicio de este Gobierno se escucharon y adoptaron medidas para la protección de la vida propuestas por plataformas de derechos humanos.
En tal sentido se desarrolló una campaña nacional contra la estigmatización de excombatientes y líderes, y se instalaron más de 200 Puestos de Mando Unificado por la Vida.
También se reactivaron la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y la Comisión Nacional de Garantías, definiendo así una política criminal enfocada en el desmonte de estructuras armadas de este tipo, la cual ya se está ejecutando y quedará consignada en el capítulo de implementación del Acuerdo del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Durante la fase de acercamientos con grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno, varias de estas agrupaciones se comprometieron a un cese del fuego unilateral, un compromiso elemental para que los armados demuestren su voluntad de paz y para que el Gobierno autorice el inicio de una fase formal de diálogos con cada grupo, enfatizaron en el comunicado.
«El Gobierno del Cambio es consciente de que, por más que exista la plena voluntad política, cinco meses son insuficientes para resolver las violencias enquistadas desde siempre en las dinámicas de la política nacional», subrayaron.
Sin embargo, afirmaron tener la certeza de que las medidas que se vienen adoptando, y que ya han comenzado a mostrar impactos positivos, lograrán atajar eficazmente futuros intentos de saboteo a la paz integral en nuestro país.
De acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, desde el 1 de enero de este años a la fecha, suman 43 exguerrilleros en reincorporación asesinados, y 348 desde la firma del Acuerdo en 2016.
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