Hasta ahora era sancionado quien lo hiciera pues se consideraba campaña electoral, y eso incluía al presidente de la República, en lo que se llamó veda electoral. Tampoco podían pagar anuncios.
El Ejecutivo federal publicó el decreto este miércoles basado en el uso de la libertad de expresión y el ejercicio de las funciones públicas de los funcionarios, que también eran parte del llamado plan B de la reforma electoral.
Según el texto, tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita, señala el decreto.
Desde el inicio de esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza atender las limitaciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral para que no manifieste los logros de su mandato durante procesos electorales.
Los lineamientos también prohíben contratar campañas de comunicación social a precios superiores a los que pagan anunciantes privados, además de que los entes públicos tomarán como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También establece que se deberán aplicar los recursos con economía y racionalidad presupuestaria, a través de una administración recta y prudente del erario, así como respeto irrestricto a los topes presupuestales establecidos para cada ejercicio fiscal.
Además, limita el gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, hasta el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
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