Ante datos incorporados a la causa que investiga a ese grupo, mis abogados (José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal) pidieron nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, precisó la también titular del Senado en su perfil en la red social Twitter.
De las conversaciones descubiertas entre esas personas surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario. El dinero se encontró y el sicario está preso, añadió.
El 1 de septiembre de este año, un hombre identificado como Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta, pero el arma no se disparó.
Días después fueron arrestados su novia, Brenda Uliarte, y otro sospechoso (Gabriel Carrizo).
Los abogados de la vicepresidenta señalaron que, según informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la revisión de celulares, existen vínculos entre esos individuos y los integrantes de Revolución Federal, los cuales deben ser investigados en mayor profundidad.
Además, solicitaron esclarecer el financiamiento recibido por los miembros de esa organización del Grupo Caputo, propiedad de empresarios relacionados con el expresidente Mauricio Macri.
También denunciaron la implicación de la vecina de Fernández, Ximena De Tezanos, quien facilitaba información y permitía la entrada a su casa de extremistas.
Por otra parte, precisaron que el 25 de agosto Morel detalló en la plataforma Twitter Spaces una forma de matar a la vicemandataria análoga a la usada por Sabag siete días después.
El 15 de ese mes se dio una conversación en la que participaron Morel y Sosa y se habló de hacer una “vaquita” para contratar un sicario para matar a Fernández, explica el documento presentado por los abogados.
Asimismo, indica que otros integrantes de Revolución Federal acordaron “entrenar en polígonos, comprar armas de fuego y blancas y estar preparados para cuando el momento llegue”.
Precisa que Sosa y Morel cuentan con más de 100 mil dólares, monto no justificado y cuyo origen debe ser analizado.
Ubeira y Aldazabal también pidieron indagar los lazos de los implicados en el ataque con la agrupación Nueva Centro Derecha, “un grupo fascista que reclama la vuelta de militares y fomenta la violencia política”.
Los abogados alertaron sobre la participación en los hechos de “un nivel político más elevado, que incluye a periodistas y líderes de agrupaciones más duraderas en el tiempo”.
“Morel explicó cómo matarla; Guerra y Sosa realizaron tareas de inteligencia en su edificio; otras personas hablaron de entrar a su vivienda y pegarle un tiro. Detrás, la alta sociedad: millones de pesos sin explicación provenientes de un grupo perteneciente a la familia más cercana a Macri; y un diputado de Propuesta Republicana que sabía lo que iba a ocurrir”, añade el documento.
Todavía falta atar muchos cabos, pero sabemos que estamos frente a grupos con un modus operandi elaborado y para nada improvisado, y con llegadas a muchos sectores de poder, apunta.
Además de publicar el texto, Fernández cuestionó el accionar de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Qué me maten? En ese caso ya todos sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables, concluyó.
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