Por Julio Morejón Tartabull
Redacción África y Medio Oriente
El pacto rubricado el 5 de diciembre prevé extender por dos años -dirigidos por civiles- el período de cambios que deberá conducir a elecciones para finalizar la crisis política desatada por el golpe militar de octubre de 2021.
Acerca del documento, el presidente del Consejo Soberano y jefe del Ejército, Abdel Fattah Al-Burhan, declaró que se aceptó ese arreglo “dentro de un marco de acuerdo político que es de interés para todos los sudaneses, sin excluir a nadie”.
En una alocución dirigida a las fuerzas armadas, el gobernante precisó: «Queremos que el proceso político en curso conduzca a un gobierno independiente que pueda hacer avanzar al país (…)”.
Antes, Al-Burhan anunció que los militares abandonarían la política y que se trabajaría para allanar el camino para hacia un acuerdo a fin de establecer un gobierno civil.
RETORNO AL CUARTEL
El general reforzó luego que «los soldados pertenecen a los cuarteles y los partidos van a las elecciones», en alusión al orden que se aspira para restablecer la concordia y la seguridad nacional.
La disrupción política sudanesa ocurrida el pasado año con el derrocamiento del primer ministro de la transición, Abdala Handock, por el presidente del Consejo Soberano, laceró la convivencia sudanesa.
Esa situación se agravó con un intento fallido de reponer en el cargo al defenestrado jefe del gabinete, y desde entonces la crisis perdura acompañada con manifestaciones populares de rechazo a la autoridad castrense y en demanda de asumir la civilidad.
A criterio de observadores, el más reciente acercamiento entre sectores políticos y los militares es al menos un paso más para que los primeros se acerquen al poder, y los otros se alejen y regresen a sus unidades a custodiar la seguridad del país.
Sin embargo, el rol desempeñado por la autoridad castrense ya marcó los acontecimientos de la vida pública de Sudán en los tres últimos años, luego del derrocamiento de Omar Hassan al Bashir en 2019.
Esa incidencia, muy decisiva, ¿podría transformar en papel mojado lo aceptado o ser una sombra persistente en el proceso de recuperación ciudadana del mando? ¿Regresarán los inquietos soldados tranquilamente a los cuarteles?
Tales interrogantes preocupan al concierto sudanés ante la posibilidad de que cualquier desajuste lesione, retrase o destroce la transición convocada.
Sin embargo, el retorno de los militares a sus deberes sólo indicaría la existencia de una voluntad conciliadora, toda vez que los problemas socioeconómicos, fuentes del derrocamiento de Al Bashir, continúan ensombreciendo esa realidad.
La economía del país africano permanece infartada con una tasa inflación que en 2021 fue de alrededor del 382,82 por ciento y el impacto de la pandemia de la Covid-19 acrecentó el deterioro social.
Asimismo el país registró un descenso del Producto Interno Bruto y el aumento de la abultada deuda externa -Sudán es uno de los países más endeudados de África-, a todo lo cual anexó un incremento del índice de desempleo.
Hace tres años el declive económico constituyó la causa esencial para que ese Estado se abocara a la ingobernabilidad y en medio de la situación la cúpula militar depuso a Al Bashir, aún detenido con sus cercanos colaboradores.
Desde 2019 hasta la actualidad se plantea que la transición política es necesaria para remover integralmente las bases sociopolíticas en que se asienta Sudán, pero es trabajoso cambiar de modelo.
ALGO MÁS
Otro factor que cumple un protagónico indispensable para cualquier acercamiento a una solución real de la crisis sudanesa lo constituyen los ciudadanos que protestan en las calles contra los militares en el poder.
Centenares de personas reclaman volver al ambiente político previo al 2021, aunque existe un exiguo sector que reclama, sino el retorno a viejos tiempos, al menos el respeto en el trato al liderazgo pasado.
Los partidarios de Al Bashir aún se hacen notar en la arena pública y ponen un matiz rebelde en ese contexto hoy más agitado e intolerante; totalizó alrededor de 120 víctimas mortales, conforme fuentes humanitarias.
Según el opositor Comité Central de Médicos, a más de 115 ascendió en julio la cifra de manifestantes muertos en Sudán tras el golpe de Estado ocurrido el 25 de octubre del pasado año.
Las acciones antimotines dejaron 117 cadáveres y unos siete mil 700 heridos, incluidos niños gravemente lastimados, documentó la fuente y añadió que: “La mayoría de las lesiones fueron causadas por el uso de armas de fuego o bombas lacrimógenas”.
A las protestas en el otrora país más grande de África se une la violencia entre comunidades, que sin ser novedosa ilustra cuánto aún se requiere para reconciliarse en el contexto de la transición política. Todavía queda bastante por ver en ese proceso multifactorial, en el cual interactúan los militares y la sociedad civil, y que ocupa un lugar importante en la agenda de soluciones africanas pendientes y de asuntos extrarregionales de distensión.
arb/mt
