De acuerdo con la ley 27.606, aprobada en 2020, esta capital recibe el 1,4 por ciento del total de los fondos coparticipables y el monto equivalente al costo de funcionamiento de su Policía que se le transfirió en 2016.
La semana pasada, la Corte aprobó el aumento de ese porcentaje a 2,95, es decir, más de 180 mil millones de pesos adicionales (más de mil millones de dólares), y poco después ordenó al Gobierno nacional realizar ese pago.
El presidente Alberto Fernández aseveró que esa resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial, está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en la Constitución.
Además, instruyó al Procurador del Tesoro presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la medida tomada y ordenó recusar a los jueces del máximo tribunal por prejuzgar contra el Estado.
No obstante, informó que orientó al Ministerio de Economía enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para cumplir el mandato conforme.
Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce, concluyó.
Según indicó Télam, en una fecha por definir los legisladores analizarán también proyectos pendientes como la ley de agroindustria, el marco normativo para dar estabilidad a las inversiones de gas natural licuado e hidrógeno y la creación de nuevas universidades.
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