En un mensaje al Ministerio de Medio Ambiente, la directora de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en el istmo, Damaris Sánchez, reclamó un mayor protagonismo en el proceso de actualización del plan de manejo de esa área protegida.
Ese programa, precisó la experta, ayudará en la gestión y conservación del patrimonio natural, en base a estudios científicos.
Sánchez abogó además por la realización de talleres en los que se presente un diagnóstico socioeconómico y ambiental del parque, para que la participación ciudadana sea más efectiva.
Esta área protegida abarca cinco distritos de la provincia de Chiriquí: Tierras Altas, Boquete, Boquerón, David y una pequeña parte de Dolega, con lo cual -para la activista- es importante que representantes de todas estas zonas estén presentes en la actualización del plan de manejo.
La ambientalista manifestó a la prensa que el principal problema del volcán Barú es la desprotección en la que está la zona, ya que avanza la frontera agrícola, el turismo sin planificación y proyectos como carreteras, sin estudios de impacto ambiental.
Por otra parte, recordó que el parque es una zona volcánica y afectada por el cambio climático, por lo cual es necesario que se realicen estudios para determinar qué se va hacer ante esa vulnerabilidad.
El plan de manejo del parque Volcán Barú data del año 2004 y está por cumplir 20 años, lo que amerita una actualización, aseveró.
Las consecuencias de la expansión agropecuaria tienen un fuerte impacto en la provincia de Chiriquí, muy cerca del parque nacional Volcán Barú.
Un informe del Ministerio de Ambiente da cuenta que, en esta área protegida, la pérdida de bosques para el período 2012-2019 fue de 702 mil 26 hectáreas, lo que refleja una pérdida anual de 100 mil 32 hectáreas.
Otro de los aspectos para el cual se pide un mejor control y evitar contaminación en la zona es el turismo y son frecuentes las denuncias por la basura que dejan algunos visitantes en el lugar.
Estadísticas del Ministerio de Ambiente precisan que, en el período 2014 a 2019, unos 72 mil 193 excursionistas nacionales y extranjeros ingresaron por alguno de los cuatro puestos de control.
Para otros activistas de la zona como Laura Pedreschi también se requiere un ordenamiento territorial en la zona del parque, pero a partir de una consulta más incluyente y que las recomendaciones de los pobladores sean tomadas en cuenta por las autoridades.
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