El titular precisó que esa cifra no incluye aún los homicidios de esta semana y añadió que las provincias con más asesinatos son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena.
Justamente en esos territorios estamos trabajando tras el estado de excepción, apuntó Zapata este jueves en rueda de prensa sobre los operativos de seguridad durante las fiestas de fin de año.
Señaló también que el 83 por ciento de las muertes intencionales están relacionadas con el narcotráfico y las luchas de poder entre los grupos de delincuencia organizada y agregó que por eso se enfocan en enfrentar esas bandas.
En 2010 la tasa de homicidios intencionales era de 17,5; luego, en 2017, al finalizar el mandato del presidente Rafael Correa, bajó a 5,8; y en cinco años esa cifra se cuatriplicó.
La víspera el Secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, dijo que la ola de asesinatos de los últimos meses es resultado de la “acción eficiente” del Estado por los constantes decomisos de droga, con cerca de 200 toneladas incautadas en 2022.
Esa opinión contrasta con la de expertos y la ciudadanía, quienes exigen al Gobierno implementar políticas públicas integrales para frenar la violencia y la inseguridad.
En medio de ese escenario, el gobierno de Guillermo Lasso aboga por apoyo internacional para enfrentar al crimen organizado, en especial de Estados Unidos, a donde el mandatario viajó recientemente para garantizar el respaldo.
Además, cuentan con la cooperación de Colombia, país con el cual altos mandos militares firmaron este miércoles un plan para frenar el narcotráfico en la frontera común.
Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, resaltó hoy que el encuentro entre las dos partes tuvo como objetivo coordinar acciones para identificar organizaciones, actores armados, redes y rutas del tráfico.
Asimismo, comentó que analizaron el impacto de los crímenes vinculados al narcotráfico en el impacto ambiental de la explotación minera ilegal y en la migración irregular.
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