De esa forma el titular respondió al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien expresó preocupación por los acontecimientos en el departamento oriental de Santa Cruz, tras la aprehensión el miércoles último del gobernador Camacho como parte del expediente judicial Golpe de Estado I, en el cual se le investiga por terrorismo.
La máxima autoridad de la ONU subrayó en su referencia al tema “la importancia de adherirse al Estado de derecho y de garantizar el debido proceso”.
El ministro reiteró que se respeta en su “grado máximo el debido proceso, la transparencia, la actuación de la justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución Política del Estado y la Ley 1970”.
Aclaró Lima que quienes no actúan conforme a la exhortación de Guterres son otros actores, que buscan que la justicia se desempeñe por la vía de la amenaza, la presión y el chantaje.
El jefe de cartera ratificó que no se entrará “al juego” de los grupos radicales que imponen la violencia en la capital cruceña y que se seguirá las reglas del debido proceso para defender los argumentos ante los tribunales de justicia.
Lima criticó la falta de ética de los defensores de Camacho, quienes presentaron una acción de libertad para este viernes con los mismos argumentos en La Paz y en Santa Cruz.
En el caso de La Paz, la audiencia se realizó en el Juzgado Tercero, que determinó rechazar esa acción, pero ahora se espera la determinación de la jueza Jakelyn Farrell, quien ventila la vista del Juzgado de Sentencia Penal Décimo de la capital cruceña.
Aprehendido el 28 de diciembre, Camacho fue cautelado la madrugada de este viernes por el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sergio Pacheco, quien ordenó su reclusión preventiva por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento paceño.
El extitular del Comité Cívico de Santa Cruz es procesado en Golpe de Estado I por las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, y porque según su confesión pública en un video, su padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con policías y militares para que facilitaran la ruptura del orden constitucional y el acceso a la presidencia de la entonces senadora Jeanine Áñez.
Como resultado de esas ilícitas se impuso un gobierno de facto (2019-2020), cuya represión contra quienes protestaban en defensa del orden democrático originaron las masacres de Sacaba y Senkata, con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos.
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