Por Anelí Ruiz García
Corresponsal jefa en Haití
Un año y medio después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la investigación sigue sin esclarecer los hechos, pese a que cinco jueces estuvieron al frente del archivo y a nivel social crece el descontento con la gestión del primer ministro, Ariel Henry, incapaz de cumplir con sus promesas.
El 21 de diciembre el jefe de Gobierno firmó junto a representantes de partidos políticos y organizaciones sociales, así como del sector privado, un acuerdo que consideró “histórico” y cedió en la instalación de un Alto Consejo de Transición y un órgano de control gubernamental cuyas funciones aún no están claras.
Al frente del Consejo que deberá tener paridad con el Ejecutivo se ubica la experimentada política Myrlande Manigat, quien fungió como senadora y perdió en las elecciones de 2011 frente al expresidente Michel Martelly.
El acuerdo permitirá a Henry mantener el poder hasta febrero de 2024, mientras organiza elecciones para el próximo año e intenta reformar una vez más la Constitución, proyectos que Moïse quiso implementar antes del magnicidio.
El consenso apoya la petición del despliegue de fuerzas internacionales solicitada por el Gobierno a inicios de octubre con el objetivo de frenar las pandillas que ampliaron sus zonas de influencia hasta alcanzar el 60 por ciento de la capital, de acuerdo con Naciones Unidas.
Sin embargo, la iniciativa, segunda impulsada por Henry en poco más de un año y mientras otros proyectos también reúnen a sectores considerables de la sociedad, es blanco de numerosas críticas.
Los coordinadores del Acuerdo Montana, un pujante programa de la sociedad civil que reunió cientos de firmas, negaron categóricamente cualquier vínculo con el consenso y reiteraron que Henry debe abandonar el poder.
Por su parte, el líder del partido político Unión Nacional por la Integridad y la Reconciliación, Clarens Renois, se desmarcó del documento y señaló que el acuerdo no cumple con lo esencial para estabilizar el país, que a su juicio es el consenso de todos.
Y el exsenador y coordinador del partido Pitit Dessalines, Moïse Jean Charles, estimó que el proyecto es una farsa que tiene como propósito desorientar a la comunidad internacional sobre los pasos necesarios para solucionar la crisis de Haití.
En la misma línea, el partido Organización del Pueblo en Lucha calificó el acuerdo de estratagema con el objetivo de permitir al jefe de Gobierno “perpetuarse ilegalmente en el poder”.
Para muchas de estas estructuras, Henry no mostró su valía durante casi un año y medio de gestión, periodo en el cual la inseguridad alcanzó límites impensados mientras creció la pobreza de la población.
INSEGURIDAD, LA ESPADA DE DAMOCLES
A pesar de las promesas gubernamentales, la inseguridad se disparó en Haití este año con más de mil 400 asesinatos, cerca de un millar de secuestros y 155 mil desplazamientos forzosos, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, aunque organizaciones locales de derechos humanos elevan hasta tres mil la cifra de víctimas mortales.
Casi una decena de periodistas perdió la vida y algunos de los cadáveres fueron quemados por pandillas en Laboule (sudeste) y Cité Soleil (norte), comunas de la capital donde operan las bandas.
Al menos dos de los reporteros fueron asesinados por la Policía, uno de ellos tras ser conducido a una estación y otro durante las protestas que marcaron al país este año. En fecha más reciente el reconocido periodista Roberson Alphonse escapó por poco de un intento de homicidio mientras se desplazaba en su vehículo.
Además, unos 50 policías fueron ultimados por pandillas este año, según denunciaron sindicatos del gremio que criticaron la inacción de las autoridades ante este fenómeno creciente.
En Laboule 12, una próspera localidad de Puerto Príncipe ahora bastión del grupo de Ti Makak, fue asesinado el exsenador Yvon Buissereth en agosto y dos meses después el destacado político, empresario y filántropo Eric Jean Baptiste.
Más al sur, en Martissant, las pandillas controlan el tránsito desde la capital hacia los cuatro departamentos meridionales que quedan aislados durante los mortales enfrentamientos entre los grupos armados.
Las hostilidades entre bandas provocaron la muerte de al menos 500 personas de abril a julio y decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares para refugiarse en plazas, iglesias, centros escolares y otras instituciones.
Todo ello mientras el cólera resurge con fuerza en la zona norte de Puerto Príncipe, con más de 350 muertes desde que se diagnosticaron los primeros casos en octubre y cerca de 18 mil sospechosos de portar la enfermedad.
En diciembre las autoridades iniciaron una campaña de vacunación dirigida a las poblaciones más vulnerables, en especial los niños para quienes la enfermedad es casi una sentencia de muerte, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
INFLACIÓN Y HAMBRE
Mientras la inseguridad obligó el cierre de empresas, fábricas, escuelas e incluso limitó el funcionamiento de la administración pública y el sistema judicial, también la violencia es uno de los detonantes del alto índice de inseguridad alimentaria que afecta a cerca de la mitad de la población.
En octubre el Programa Mundial de Alimentos alertó que por primera vez el hambre en Haití alcanzó niveles catastróficos con 19 mil personas en la última fase de clasificación de seguridad alimentaria.
Unos 4,7 millones de personas se enfrentan al hambre aguda, de ellas 1,8 millones en fase de emergencia y la violencia de las pandillas provocó la pérdida de los trabajos, falta de acceso a mercados, servicios de salud y nutrición balanceada.
En este contexto, Haití experimenta una grave recesión económica desde hace cuatro años y la inflación superó el 47 por ciento, la cifra más alta en décadas, lo cual deja fuera del alcance de amplios sectores de la población los productos y alimentos básicos.
El precio de los combustibles en el mercado informal decuplicó los oficiales y disparó los costos de servicios esenciales como electricidad o transportación.
Los indicadores no auguran un 2023 próspero para la nación catalogada como la más pobre del hemisferio occidental y en la cual su clase política y económica está en la mira de la comunidad internacional por tráfico, financiamiento de la inestabilidad y las pandillas, así como alentar la corrupción, mientras millones de ciudadanos son cada vez más pobres.
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