“Pedimos igual trato procesal, es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores de los delitos”, asegura el documento.
El texto fue publicado en el contexto de la imputación y la detención preventiva del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, como parte del caso Golpe de Estado I en el que se investiga la conspiración que allanó el acceso ilegal de Jeanine Áñez a la presidencia, la imposición de un gobierno de facto y los crímenes cometidos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional.
Según el escrito, esos culpables mediatos serian líderes cívicos, sociales, políticos y funcionarios públicos.
La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata recuerda que, en noviembre de 2019, en la ciudad de El Alto, “un grupo de republicanos, políticos” definidos con la ideología de la derecha, pretendieron enviar un mensaje “siniestro de miedo” a nombre de una supuesta pacificación.
Agrega que ese grupo pactó con la jerarquía católica, pastores cristianos, dueños de medios de comunicación, jefes de comités cívicos y la jerarquía militar y policial para, a través de un decreto y un plan de operaciones, emplear las armas de fuego contra los “hijos de aymaras y quechuas”.
Subraya que ahora esos funcionarios estatales y civiles, quienes asintieron en la violación a los derechos humanos, exigen que los suyos sean respetados.
Critica el comunicado que esos elementos afirman hipócritamente que no cometieron delitos o graves vulneraciones a los derechos humanos, y esconden cobardemente sus actos con la palabra “errores”.
De acuerdo con el escrito de la Asociación, existen dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019.
Uno de ellos, describen las víctimas, está radicado en la Fiscalía de Cochabamba por la masacre de Sacaba, y el otro en la de la ciudad de El Alto, por la de Senkata.
Lamenta el texto que, luego de tres años de investigación, “la Fiscalía no ha realizado imputaciones por los delitos de 2019”.
Como resultado de las masacres de Sacaba y Senkata resultaron asesinadas 38 personas y cientos heridas, por lo cual el Comité Impulsor de la Justicia con el abogado Aldo Michel al frente presentaron varias demandas y denuncias ante las autoridades correspondientes.
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