Según ese medio de prensa, el encuentro tendrá lugar en la Casa Rosada y los dirigentes provinciales debatirán el proyecto de solicitud de esa medida.
Recientemente quedaron al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho. Vimos un avance inadmisible del poder judicial sobre los otros, señaló Fernández en un mensaje al pueblo argentino publicado el 1 de este mes.
Durante los últimos días fueron divulgados mensajes intercambiados entre el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero de Rosatti.
De acuerdo con Página 12 y la agencia de noticias Télam, en dichas conversaciones Robles le proporciona información a D’Alessandro sobre un fallo de la CS referente al incremento de los fondos coparticipables a esta ciudad y le dice cómo actuar.
Fernández denunció la existencia de “un vínculo escandaloso, conductas y diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos para ser usados a la hora de decidir casos con trascendencia institucional indudable”.
Al asumir mi mandato juré hacer observar la Constitución. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al poder judicial entrometerse en las decisiones del Congreso, afirmó.
Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica, añadió al referirse al apoyo de la CS al incremento de los fondos de esta capital.
El presidente comunicó que convocó a los gobernadores a apoyar la realización de un proceso contra Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones.
También requeriremos indagar sobre el comportamiento de los restantes miembros del máximo tribunal.
Además, ordenaré al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de esta ciudad con empresarios contratistas de ese estado autónomo.
Aspiro a que en 2023, mientras estemos celebrando los 40 años de democracia, nos pongamos de acuerdo en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad causaron, aseveró.
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