Fue una medida decretada a fines de octubre último para defender actividades como la ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura, afectadas por la persistente falta de precipitaciones.
Sería la tercera vez que la actual administración del presidente Luis Lacalle Pou recurre a la emergencia agropecuaria.
El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Juan Ignacio Buffa, comentó que el Comité de Emergencia Agropecuaria estudiará a situación, en base a datos de varios indicadores y parámetros del clima, así como de la oferta de forraje.
Buffa consideró insuficiente las lluvias de los últimos días.
Alertó que se viene de un “proceso acumulativo” por la no disponibilidad de humedad en el suelo, una situación que afecta a distintos sectores del agro.
Por su parte, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria realizó un estudio que contempla «umbrales críticos» de porcentaje de agua en el suelo.
Al declarar la emergencia se liberan los fondos agropecuarios, que son recursos para asistir a pequeños agricultores y productores familiares a través de créditos.
El déficit hídrico también afecta el consumo de agua potable, cuyo suministro se consideró «preocupante» en varias regiones del país.
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