Luego de alcanzar un acuerdo económico, los magistrados volverán a sus labores a principios de la próxima semana, al responder al llamamiento de los Colegios de Abogados de Beirut y Trípoli y una serie de asociaciones y organizaciones, en cuanto a la necesidad de administrar el establecimiento de justicia y lo relacionado con los detenidos.
En su declaración, la Autoridad pidió al Consejo Superior de la Judicatura retomar el trabajo y decidir todo lo relacionado con los detenidos de acuerdo con los estándares legales, de derechos humanos y humanitarios.
Insistieron en la necesidad de preservar el principio de la verdadera justicia y evitar distorsionar la imagen de Líbano, en medio de la agudización de la crisis económica, financiera, política y social.
Reiteraron cumplir con las demandas de los jueces, especialmente en cuanto a brindar las condiciones laborales necesarias en los palacios de justicia.
A mediados de agosto pasado, alrededor de 400 jueces de Líbano decidieron continuar la declaratoria de huelga abierta tras considerar de humillación las condiciones económicas y sociales.
En aquella oportunidad, los magistrados acordaron suspender sus funciones debido a la dificultades en el sector mediante la injerencia política en los expedientes judiciales y el intento de socavar la investigación, la dignidad y entorpecer el trabajo.
Reportes locales enumeraron que los jueces en el país enfrentan oscuridad en los palacios de justicia como consecuencia de los cortes de electricidad, falta de agua, higiene, papelería y herramientas para las labores diarias, obligándolos a comprarlos de su bolsillo para el funcionamiento de los tribunales.
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