Por la incursión y despojos cometidos por adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, el gobernador del DF, Ibaneis Rocha, destituyó a Torres.
Además de la prisión del exsecretario, el órgano de abogados demanda al Supremo que determine a cuáles plataformas de medios y redes sociales se puede interrumpir, teniendo en cuenta la posibilidad de promover, de algún modo, «actos de invasión y depredación de edificios públicos».
La AGU solicita, asimismo, que «empresas de telecomunicaciones, en particular los proveedores de servicios móviles personales, conserven durante 90 días registros de conexión para definir o identificar la geolocalización de los usuarios ubicados en las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes y en el Cuartel General del Ejército en el DF».
El pedido está firmado por el recién juramentado abogado general de la Unión, Jorge Rodrigo Araújo Messias.
«Los actos importan aún en perjuicio manifiesto al erario y al patrimonio público», refiere el texto.
Denuncia que los hechos de este domingo «causan vergüenza y alteración del orden público y del libre ejercicio de los poderes de la República, con la manifiesta pasividad e indicios de colaboración ilegal de agentes públicos. Bien por justificar la intervención del Poder Judicial en carácter urgente».
En el documento, la AGU requiere que el Supremo Tribunal Federal determine a las autoridades competentes la «averiguación y responsabilidad civil y criminal» de los comprometidos con los actos ilícitos.
Tal solicitud se da, principalmente, por supuestas ayudas dadas a manifestantes por agentes públicos.
Los organismos encargados de la investigación también deberán decomisar vehículos y demás bienes utilizados para el transporte y organización de los actos delictivos.
De igual manera, la Agencia Nacional de Transportes Terrestres debe presentar «registro de todos esos vehículos que ingresaron al DF», entre el 5 y 8 de enero.
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