«Las armas letales y no letales fueron robadas por los criminales dentro del Palacio del Planalto. Este es otro crimen a ser resuelto», afirmó Pimenta en el audiovisual acompañado del exdiputado federal Wadih Damous, del Partido de los Trabajadores.
El ministro mostró en sus redes sociales imágenes de la sala, en la que algunos maletines usados para guardar armas estaban esparcidos y vacíos.
Damous llamó la atención sobre el hecho de que, del modo en que la sala fue revuelta, se puede concluir que los invasores tenían información de que allí se guardaban artilugios bélicos.
«Ellos tenían información de lo que debían llevarse de aquí. Llevaron armas, documentos, municiones. Eso es muy grave, porque significa que había información», alertó.
Al penetrar en el Palacio del Planalto, los radicales destruyeron el despacho de la primera dama, Rosangela de Silva, conocida popularmente como Janja, y el de Pimenta, pero no pudieron acceder al del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resguardado por barreras.
«La sala del presidente Lula tiene un cristal más grueso… Ha quedado aislada, como si fuese un acuario. Han logrado destruir la oficina de Janja», admitió el ministro.
En las imágenes es posible ver, además, los rastros de destrucción, con computadoras rotas y sillones quemados.
Reportes preliminares indican que los inconformes con la asunción al poder de Lula causaron daños a obras del patrimonio histórico brasileño y, en ese sentido, figuran el mural Mulatas de Di Cavalcanti o Araguaia, de la artista Marianne Peretti.
«Obras de arte, esculturas, obras rasgadas, agujereadas, rotas», reconoció Pimenta.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, afirmó que el nuevo interventor en la Seguridad Pública del Distrito Federal, el secretario ejecutivo de su cartera, Ricardo Cappelli, dio la orientación de arrestar in flagranti a los extremistas que siguen en las calles.
«Insisto en reiterar que las personas que participaron en estos eventos, que en este momento aun están in flagranti, estén donde estén serán detenidas», precisó.
Advirtió que los vándalos acaban de cometer crímenes graves, cuya pena va hasta 12 años, en caso de golpe de Estado.
«Si ponemos los crímenes de daño, incluso al patrimonio histórico, y de agresiones físicas, hablamos de penas que con certeza pueden superar los 20 años», recordó.
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