En entrevista concedida a Prensa Latina, el miembro de la comisión política del Partido Comunista se refirió a la decisión de sectores conservadores de retirarse de la mesa nacional de seguridad, luego de que el presidente Gabriel Boric decidiera indultar a 13 personas a fines de año.
Los beneficiados con esta medida son 12 presos del estallido social de 2019 y Jorge Mateluna, exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Recordó Lagos que esa prerrogativa existe desde hace muchos años en Chile, e incluso, el presidente anterior, Sebastián Piñera, la aplicó a personas condenadas por terrorismo de Estado durante la dictadura.
“Entonces el indulto no es nuevo y remarco este punto porque en el tema de fondo lo que hay es un intento de la derecha de tratar de generar un chantaje político para salirse de la mesa de seguridad”, aseguró.
Además de abandonar el acuerdo, los sectores conservadores anunciaron su determinación de llevar ante el Congreso Nacional una acusación constitucional contra la hasta entonces ministra de Justicia Marcela Ríos y otros funcionarios.
Esa decisión, unido a que se cometieron errores, derivó en la renuncia este fin de semana de Ríos y del jefe de gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía.
Lagos señaló que las acusaciones constitucionales obligan al parlamento a centrarse en el tema durante semanas y a dejar en segundo plano cuestiones de urgencia para el país, como es el enfrentamiento al crimen organizado.
Interrogado sobre la posibilidad de que el presidente acepte las presiones de sectores conservadores y de marcha atrás a los indultos, el también periodista consideró difícil una posición distinta del mandatario.
Incluso, dijo, organismos internacionales de derechos humanos establecieron que en muchos de los procesos realizados a participantes en el estallido social se cometieron faltas al debido proceso y hubo falsas pruebas.
Lagos se refirió también a las trabas en el senado para la elección del Fiscal Nacional, cargo que lleva más de tres meses vacante luego del rechazo de dos propuestas presentadas por el presidente.
Según su opinión, esa postergación -que eventualmente puede continuar- produce un debilitamiento de una parte de la administración de justicia, que es el Ministerio Público. Sobre el panorama para los próximos meses, consideró que el Gobierno debe tomar las riendas de la situación y, si la derecha sigue boicoteando el plan nacional de seguridad, buscar las vías para poder implementarlo.
“A mí me parece necesario también impulsar la reforma tributaria y de pensiones y todos los cambios para fortalecer la gestión política del Gobierno y hacer frente a una situación cada día peor y no creo que se pueda esperar mucho”, aseguró.
Otra prioridad, afirmó, es ser más proactivo en materia de integración regional y recordó que próximamente se celebrará en Argentina la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y se está hablando de la necesidad de recomponer la Unión de Naciones Sudamericanas.
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