En épocas de derechas violentas, anoche se presentó una recusación contra Capuchetti por su dependencia del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado, señaló la exmandataria en su perfil en la red social Twitter.
Recientemente, el titular argentino de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció los vínculos entre la jueza y el partido opositor Propuesta Republicana (PRO).
Además, reveló que está contratada por el jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez, desde 2019 en un órgano encargado de asesorar al Ministerio porteño antes mencionado.
Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py (Tribunales Federales) y el PRO parecen no tener límite, señaló Soria.
Desde hace cuatro años, Capuchetti, quien es la encargada de investigar el ataque a Fernández, la mesa judicial y la criminal deuda del expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, cobra un sueldo mensual de “investigadora”, añade.
Asimismo, indicó que ello ocurre pese a que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia.
¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública que emplea a Capuchetti y tiene como autoridad al fiscal Juan Bautista Mahiques? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica, apuntó el ministro en la red social Twitter.
Asimismo, hizo referencia a la participación de Mahiques en dádivas y otros delitos conocidos tras divulgarse un viaje realizado por él y otros funcionarios a Lago Escondido.
Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de esta ciudad no tiene nada que ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py, concluyó.
El 1 de septiembre de 2022, un hombre llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la vicepresidenta en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
El individuo no logró disparar el arma y permanece detenido junto a otros dos sospechosos.
Fernández denunció en varias oportunidades la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del ataque y acusó a Capuchetti de entorpecer las indagaciones cuando aparecieron las primeras pruebas que apuntaban a miembros del PRO.
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