Por Orlando Oramas León
Corresponsal en Uruguay
Se trata de la causa en curso contra Alejandro Astesiano, quien hasta el 25 de septiembre último estuvo al mando de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou.
En aquel momento la fiscal encargada, Gabriela Fossati, entendió “razonable” no investigar los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el inculpado y el presidente Lacalle Pou, dada su investidura.
La pesquisa apenas se iniciaba y el exhombre de confianza del mandatario cumplía sus primeros días de prisión preventiva bajo cargos relacionados con el quehacer de una banda dedicada a falsificar documentos y vender pasaportes nacionales.
En realidad era un negocio de vieja data, al que el funcionario de la Torre Ejecutiva (sede de la oficina presidencial) se incorporó en 2021, según la información divulgada aquí por medios de prensa. Esas mismas fuentes le adjudican el rol de intermediario o puente entre otros implicados en instituciones públicas.
Es de suponer que el contenido de los mensajes recuperados de su teléfono celular esté bajo control y resguardo de la Fiscalía y que en el camino de la custodia participó la Policía Científica y, con ella, el Ministerio del Interior.
Lo cierto es que la información sale a borbotones y añade capítulos a una trama que no tiene para cuándo terminar, con implicaciones tratadas de minimizar por el gobierno, mientras desde la oposición claman por la verdad y la responsabilidad gubernamental.
Además, se presume que Astesiano debe haber hecho fortuna con estos y otros ilícitos.
“Nos hacemos millonarios”, fue un mensaje que recibió del escribano Álvaro Fernández, encargado de seleccionar partidas de nacimiento, preso también junto al ciudadano ruso Alexey Slivaev, a cargo de conseguir clientes rusos y ucranianos para los pasaportes.
PUNTO DE PARTIDA Y OTRAS INDAGACIONES
Este fue el punto de partida de la indagación del ministerio público, pero de ella se desprende otra sobre lavado de activos, y una tercera respecto a posible tráfico de influencias que tienen bajo la lupa a jerarcas policiales.
Asimismo, se añade espionaje político con fines de extorsión contra dos senadores del opositor Frente Amplio.
Para ponerle más suspense al asunto, Lacalle Pou testificó sobre el caso el 26 de diciembre, en una audiencia en la residencia presidencial ante la fiscal Fossati, que duró unas cuatro horas.
No hay muchos trascendidos sobre lo declarado por el gobernante, aunque en el tapete está una averiguación que hizo Astesiano ante un jerarca policial sobre un viaje privado de la exprimera dama, Lorena Ponce de León, actualmente separada de su esposo.
El asunto toma ribetes íntimos de la vida y entorno del jefe de Estado, quien personalmente puso a disposición de la justicia los contenidos de sus comunicaciones con Astesiano.
Vale recordar que el exjefe de seguridad al parecer fue informado previamente de su detención y tuvo tiempo de borrar sus comunicaciones en la plataforma social WhatsApp y otras, finalmente recuperadas por la Fiscalía con tecnología de punta.
Pese al feriado judicial y parlamentario, el Frente Amplio adelantó que pedirá la comparecencia de ministros del gabinete sobre el caso Astesiano ante el comité permanente del Congreso.
DECLARACIONES A LA FISCALÍA
Por el lado de la Fiscalía, a fines de noviembre habían declarado en calidad de testigos el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, este último con responsabilidad sobre la seguridad del entorno presidencial.
Entre los indagados estuvo el director de Inteligencia Policial, Claudio Correa, quien detuvo el 25 de setiembre a Alejandro Astesiano en la residencia presidencial, justo cuando llegó desde Costa Rica, adonde acompañó al jefe de Estado en un viaje personal.
También declararon el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, y el responsable de la dirección general de Fiscalización de Empresas de Seguridad, Henry de León.
Fue interrogado en calidad de indagado el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, quien en medio del escándalo político renunció al cargo.
Algunas de estas comparecencias ante la Fossati dejaron preguntas e implicaciones a otros personeros.
A la par, hay otra investigación en curso, relacionada con el narcotraficante prófugo Sebastián Marset, quien consiguió un pasaporte nacional pese a sus antecedentes y cuando estaba detenido en Dubái por documentación falsa.
Resulta un escándalo por el cual renunció al cargo la vicecanciller Carolina Ache, quien recibió en su despacho al abogado del señalado como jefe del primer cartel uruguayo y prófugo de la justicia.
Con estos capítulos y acompañamiento cierra por ahora el caso Astesiano, pero promete ser fuente de noticias en las próximas semanas. De seguro no serán buenas para el gobierno y alimentarán las críticas y ataques de la oposición.
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