En un comunicado conjunto, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) revelan que este lunes una Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que no existió el aludido conflicto de intereses en una votación por ajuste salarial en la entidad.
En noviembre pasado, en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves anunció la decisión del Consejo de Gobierno de separar a cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS porque, entre otros asuntos, el 8 de setiembre 2022 votaron a favor de un reajuste salarial en esa institución para beneficiar a familiares.
Undeca y Bussco afirman que en una maniobra más contra el Estado Social y Democrático, violentando la Constitución Política y la misma Ley Constitutiva de la CCSS, por una denuncia verbal de la presidenta ejecutiva, el gobierno suspendió a cinco directores de la más emblemática institución, con la excusa del ajuste salarial aplicado en la Caja.
Señalan que el Gobierno destituyó en septiembre pasado al presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, por el pago del legítimo derecho laboral, y nombró a la actual presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, con el compromiso de incluir a la entidad en la regla fiscal y de eliminar el acuerdo salarial.
Pero, apuntan, al no poder cumplir con ese mandato, promueve entonces un ‘juicio político’ contra los directivos de la CCSS Martha Rodríguez (Sindical); José Luis Loría (Cooperativas); Maritza Jiménez (Solidarismo); Jorge Arturo Hernández (Empresarios) y Carlos Salazar (Gobierno).
Recuerdan que uno de los argumentos fue precisamente el conflicto de intereses, por lo que Esquivel solicitó a la Auditoría Interna en un oficio del 9 de noviembre de 2022, respuesta a una serie de preguntas enfocadas a acusar a los directores de conflicto de intereses y anular el ajuste salarial.
Al respecto, la Auditoría Interna precisó que «no es posible para el órgano colegiado dejar de tomar el acto administrativo, si al dejar de hacerlo afecta a la generalidad de las personas y es el único órgano competente que puede dictar dicho acto».
Undeca y Bussco aseveran que con lo anterior se evidencian espurios intereses, pretender no pagar la billonaria (en colones) deuda que tiene el gobierno con la CCSS, deteriorar y privatizar la institución y precarizar los salarios de las personas trabajadoras para favorecer a los mercaderes de la salud.
Ambas agrupaciones no legitiman esta arbitraria suspensión y reiteran su respaldo a la representante del Sector Sindical en la Junta Directiva, Martha Elena Rodríguez y a los directores que hicieron valer la autonomía institucional y la justicia para con los trabajadores, que con gran mística atienden cada día la salud de la población.
rgh/ale
