Decenas de manifestantes se encontraban en el muelle 22 de esa instalación portuaria, con carteles de bienvenida en apoyo a los inmigrantes y a los integrantes de Médicos sin Fronteras, agrupación que opera el Geo Barents, que se encontraban a bordo de la embarcación, indicó un portavoz de los organizadores
En declaraciones divulgadas este jueves en el sitio digital del canal televisivo TGCOM 24 el vocero señaló que “hay mucha participación y solidaridad, pues hacer que los náufragos viajen durante días con mal tiempo tiene una clara intención punitiva contra ellos y las organizaciones humanitarias”.
El 10 de enero último el barco Ocean Viking, operado por la agrupación SOS Mediterránee, desembarcó en Ancona a 37 personas rescatadas tres días antes en aguas del mar Mediterráneo, pues al igual que en el caso del Geo Barents, las autoridades italianas desautorizaron el empleo de destinos más cercanos para auxiliar a los mismos.
Juan Gil, coordinador de Médicos sin Fronteras, indicó al respecto que “es inaceptable que nos envíen a Ancona cuando otros puertos adecuados están mucho más cerca, especialmente en estas condiciones meteorológicas. Esto va en contra del derecho marítimo internacional y del mejor interés de los supervivientes”.
La decisión de las autoridades migratorias italianas de desviar los desembarcos al puerto adriático de Ancona responde, según observadores, a una nueva política del gobierno de este país, implementada mediante un decreto aprobado el 28 de diciembre último que, según analistas, tiene como objetivo dificultar y ralentizar las operaciones de salvamento.
Las organizaciones humanitarias bautizaron estas nuevas disposiciones como estrategia de puertos lejanos, la cual sustituye a la de puertos cerrados, en virtud de la cual en noviembre se impidieron desembarcos en la sureña isla de Sicilia, en particular al buque Ocean Viking, que finalmente llevó los migrantes hacia el puerto francés de Tolón.
Entre otras medidas, la legislación establece que los buques de salvamento podrán transitar e intervenir únicamente para socorro, bajo el control e indicaciones de las autoridades territoriales, y en caso contrario se imponen sanciones al capitán y al armador de 10 mil a 50 mil euros, e incluso podría ser decomisada la embarcación.
El 5 de enero último las agrupaciones Médicos sin Fronteras, Emergency, SOS Humanity, Open Arms y Mission Lifeline, entre otras, emitieron una declaración conjunta en la que señalan que esas nuevas medidas “reducirán las capacidades de salvamento marítimo y harán que el Mediterráneo central sea aún más peligroso”
Por su parte la portavoz de la Comisión Europea para Migración, Anitta Hipper, también cuestionó ese nuevo decreto y apuntó que “salvar a personas en peligro en el mar es una obligación moral y un deber jurídico”.
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