La querella pretendía que se sancionara a Pierluisi por incurrir en presunta ilegalidad en el financiamiento de su campaña a la gobernación, donde el CAP Salvemos a Puerto Rico resultó determinante en lesionar la figura de Vázquez Garced.
Dávila Torres argumentó que el Comité Pedro Pierluisi, Inc., registró a Salvemos a Puerto Rico ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC) de Estados Unidos y no ante la OCE con la intención de burlar los límites de recaudos establecidos por la ley puertorriqueña para financiar la campaña.
El contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez Martínez, estableció que corresponde a la Asamblea Legislativa establecer enmiendas a la Ley para el Financiamiento de Campañas de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de la nación norteña desde hace poco más de 124 años.
La Ley 222-2011 para el Financiamiento de Campañas de Puerto Rico establece un máxima de dos mil 800 dólares en donativos para un individuo, por lo que Dávila Torres alegó que Pierluisi utilizaba el PAC para reunir más dinero para la campaña.
“No se desprende evidencia de instancias en que algún gasto específico con fines electorales realizados por SPR haya sido realizado a petición, sugerencia o común acuerdo de estos con el Comité o con el Partido Nuevo Progresista (PNP) o luego que estos acordaran el contenido, momento, lugar, modo o frecuencia del gasto”, determinó el contralor electoral.
La Ley 222 no prohíbe que un aspirante, candidato o personal del Comité de Acción Política le sugiera a un tercero que aporte dinero a un comité de gastos independientes que le favorece, como Salvemos a Puerto Rico, refirió el contralor electoral.
El PAC Salvemos a Puerto Rico fue creado por Joseph Fuentes, quien se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de un esquema en el que ocultó la identidad de 16 financieros, entre individuos y corporaciones, de la campaña de Pierluisi, quien acaba de entrar al tercer año del cuatrienio.
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