«Ya hay nuevas convocatorias para actos el 16 de enero. Hay intentos de ataques a infraestructuras nacionales», adelantó el viernes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino.
Precisó que «esto, además de ser un crimen contra el Estado Democrático de Derecho, es, políticamente hablando, un crimen contra la sociedad».
Según el diario O Tempo, aunque no creen que la supuesta manifestación tenga la misma magnitud que la del 8 de enero, la cual provocó la quiebra en las sedes de los tres poderes en Brasilia, miembros del gobierno mantienen un esquema de seguridad reforzado en la región.
Precisa que, desde los ataques de esa jornada, con la intervención en la Seguridad Pública del Distrito Federal (DF), el Gobierno conserva un gran número de agentes de la Policía Militar y la Fuerza Nacional en la explanada (avenida en la que están ubicados los predios públicos).
«Nuevamente vamos a tener que movilizar millones y millones de reales para proveer seguridad a infraestructuras, a edificios públicos amenazados por personas que pueden y deben esperar las elecciones de 2026, cuando democráticamente será elegido el nuevo presidente», señaló Dino.
De acuerdo con el interventor federal Ricardo Cappelli, el área de inteligencia del gobierno aún está confirmando la veracidad y posible fuerza de las manifestaciones de este lunes, en caso de ocurrir.
«Esa información del día 16, nuestra inteligencia está comprobando para ver si realmente va a confirmarse, porque algunas personas intentan crear un ambiente de inestabilidad. También es una guerra psicológica», alertó.
Cappelli invitó a la población del DF a tener confianza, pues «estamos atentos. No hay posibilidad de repetir lo que sucedió el día 8, chance cero», concluyó.
Anteriormente, el Gobierno federal detectó posible amenaza de nuevos actos antidemocráticos el 11 de enero, pero no se concretó.
Grupos de extremistas de derecha inconformes con el resultado de las elecciones de octubre, ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se instalaron en carpas durante dos meses frente al cuartel general del Ejército en la capital federal.
Estimulados por discursos de odio, el campamento acudió a la violencia y resultó la base de los ataques terroristas del 8 de enero a las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, donde se ubica el Poder Ejecutivo.
Varias líneas de investigaciones se abrieron en instituciones judiciales para conocer y condenar a los autores materiales e intelectuales de la intentona golpista, marcada en negro en la historia nacional.
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