Cifras del Ministerio del Interior publicadas por el diario El Observador dan cuenta de 14 mil 501 ciudadanos tras las rejas, los que representan 408 reclusos por cada 100 mil habitantes, lo cual sitúa a Uruguay en un puesto de vanguardia, pero en un listado no deseado.
El tema tiene otras implicaciones nacionales, en particular la superpoblación en los centros penitenciarios, donde hay 11 mil 147 plazas, pero los reclusos rebasan la capacidad en el 30 por ciento.
Un ejemplo es la prisión Santiago Vázquez, formalmente reconocida como la «Unidad No 4», en la cual conviven cuatro mil 378 prisioneros con poco más de tres mil puestos, mientras en otros centros los internos duplican y más los cupos disponibles.
La disminución de los espacios aumenta la presión en la convivencia y en las posibilidades de conflicto, reconocen autoridades.
El Observador recabó la opinión de los criminólogos Olga Sánchez y Nicolás Trajtenberg, quienes investigaron hechos de violencia en la prisión de Santiago Velázquez.
Los expertos descubrieron que los incidentes reportados oficialmente fueron solo el 15 por ciento de los hechos de esa naturaleza que, según encuestas y entrevistas, realmente ocurrieron.
Hace una década el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, visitó las cárceles uruguayas, recordó el rotativo.
Y rememora que entonces el funcionario internacional fue lapidario:
«Los detenidos son alojados en condiciones deplorables, en celdas sobrepobladas que no tienen las instalaciones sanitarias adecuadas ni lugares para dormir (…) El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario”, dijo entonces.
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