Dijo que será un paro cívico y popular de apoyo a la plataforma de lucha de organizaciones sociales de diversas regiones que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que el sucesor debe ser un legislador de consenso y neutral para la realización de prontas nuevas elecciones adelantadas.
Señaló que la sucesión correspondería al derechista José Williams, quien carece de credenciales para la tarea, y apoyó la demanda de las protestas de un referendo simultáneo a los comicios para que el pueblo decida si quiere o no una asamblea constituyente.
Minaya saludó la llega a Lima de delegaciones de cientos de integrantes cada una, de diversas regiones, que traen esos reclamos a la capital.
“Le están dando una lección de defensa de la dignidad y el honor del pueblo a la población de Lima, muy indiferente a la profunda crisis social que vive el país”, añadió.
Rechazó los augurios de una posible conmoción social mañana en la capital y dijo que la CGTP condena los actos vandálicos, a tiempo de criticar al Ministerio Público por no investigar los hechos de ese tipo registrados durante las protestas en regiones andinas.
Señaló que hay videos de actos de provocación de “ternas” (agentes vestidos de civil) y de policías participantes en un saqueo en la ciudad surandina de Juliaca, que deben esclarecerse.
Entretanto, el número de bloqueos de carreteras aumentó hoy de 98 a 106 y en la norteña región de La Libertad volvió a ser bloqueada la carretera Panamericana, que recorre toda la costa peruana de dos mil 500 kilómetros.
Una pasajera de un ómnibus bloqueado murió por un infarto respiratorio y una adolescente en similar situación sufrió un aborto cerca de la ciudad de Tujillo, capital de La Libertad.
La crisis social fue tratada en la sesión semanal del Consejo de Ministros, tras la cual el ministro del Interior, Vicente Romero, declaró que el Gobierno ganatiza la seguridad del país.
“No queremos más muertos, no más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor. Empecemos a trabajar”, declaró, cuando la presidenta y colaboradores cercanos son investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
Romero afirmó que el Gobierno dará seguridad a los manifestantes y a quienes no participan de las mismas y recomendó a los primeros que cumplan la ley y a los segundos que mantengan la calma.
Pidió además confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, sostuvo, están siempre atentos para “defender la democracia y la vida de todos los peruanos”.
nmr/mrs
