Se trata del noveno proceso, en el cual los guatemaltecos decidirán en las urnas a sus futuros presidente y vicepresidente, así como a 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.
En el acto previsto este viernes en el capitalino teatro Miguel Ángel Asturias, los magistrados del TSE anunciarán las reglas en juego de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), la misma que se aplicó en 2019, pues reformas necesarias desde entonces no lograron el consenso necesario para aplicarlas este 2023.
Hasta la fecha, 29 agrupaciones entrarán en la contienda, algunas nuevas y otras de vieja data con rostros reciclados, lo cual confirma una vez que solo constituyen vehículos electorales.
De ese total, 13 ya presentaron sus propuestas de binomios presidenciales, una cierta ventaja -si tienen todos los papeles en orden- para entrar de primeros al Registro de Ciudadanos, inscribir a sus aspirantes y seleccionar su casilla en las papeletas.
Ese paso crucial lo podrán hacer desde las primeras horas del sábado 21, ocasión en que se darán las primeras riñas entre quienes desde hace semanas hacen filas para cazar lo que llaman «la mejor ubicación» ante los ojos de la ciudadanía, y cerrará el 25 de marzo.
Otra fase que pondrá a prueba a los magistrados del TSE será el inicio de la campaña electoral el 27 de marzo, aunque ya muchos la realizan sin recato pese a las prohibiciones, sobre todo en las redes sociales.
Entre las claves de estos comicios, nada nuevas, analistas mencionan al menos tres factores como la alta dispersión del voto, los vetos a candidaturas y la falta de certeza en relación con la aplicación de la compleja Lepp.
Todavía se reportan al menos seis comités que podrían llegar a conformarse como partidos y si bien a muchos no les dará tiempo celebrar sus asambleas y registrar candidatos, bien podría verse hasta una treintena de organizaciones compitiendo y superar los 19 binomios presidenciales de 2019.
Con pocas encuestas confiables a disposición, pareciera que cuatro parten con cierta ventaja: Sandra Torres (Unidad Nacional Guatemalteca), Zury Ríos (Valor), Edmon Mulet (Cabal) y Roberto Arzú (Podemos).
Sin embargo, también habrá que prestar atención a cuántos podrán ver frustradas sus aspiraciones al no poder pasar la prueba de los finiquitos (constancia de inexistencia de reclamación de cargos), un papel que tumbó en 2019 a varias figuras incluso ya inscritas en el Registro de Ciudadanos.
Tampoco se descarta ahora la aplicación de sanciones y los posibles cuestionamientos por prohibiciones constitucionales con el caso de Ríos nuevamente (hija del exdictador Efraín Ríos Montt), escenarios que pondrán a prueba la capacidad y seriedad del TSE.
Sobre sus hombros tiene la difícil función de velar por el respeto de la democracia y de los derechos de 8,9 millones de guatemaltecos empadronados, según registros oficiales.
De este número, 80 mil 636 residen en los Estados Unidos y por segunda ocasión tendrán la oportunidad de ir a las urnas, un paso que cuatro años atrás fue todo un fiasco por la baja participación y ahora deben revertir.
En el tintero queda la posibilidad de que este TSE mejore su imagen y se gane la confianza de los ciudadanos, a juicio de Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales.
Los desafíos los resume en comunicación transparente en las compras de tecnología y utilización en general del presupuesto, garantizar inscripciones de candidatos apegadas a la ley, minimizar las impugnaciones y cumplir a cabalidad los reglamentos.
Hoy, con la convocatoria, será el primer día para que los magistrados inicien ese camino.
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