Se trata del IX Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México el cual le hizo el otorgamiento, pero solo en uno de los delitos de los varios por los que se le juzga: el relacionado con los sobornos recibidos por la empresa brasileña Odebrecht.
Teóricamente, la decisión permite que el reo continúe su juicio en libertad ya que ordena dejar sin efecto la resolución que confirma la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por ese caso.
La criticada resolución de los magistrados no implica, por tanto, la inmediata libertad de Lozoya, sino que promueve se estudie de nuevo el caso, se dicte un nuevo fallo el cual puede ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales o en sentido diverso.
Esto porque, según el tribunal, se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad, pues se omitió contestar los argumentos que los abogados de Emilio Lozoya presentaron en apelación para evitar que continuara en prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó a través de un recurso de revisión, el amparo que en su momento la magistrada Gabriela Rodríguez, titular del tribunal unitario, le dió al exfuncionario, para que se analizara de nuevo el caso y emitiera otro pronunciamiento.
Sin embargo, por unanimidad el tribunal colegiado desechó por improcedentes los recursos de revisión interpuestos porque, dijo, carecen de legitimación para interponerlo.
Por otra parte, señaló, son infundados en parte, e inoperantes en otra, los agravios planteados por el Ministerio Público pues no combate de manera completa, puntual y directa los fundamentos y consideraciones jurídicas contenidas en la resolución recurrida.
En este caso de Odebrecht, Emilio Lozoya y Gilda Margarita Austin Solís, así como Gilda Susana, su hermana, fueron acusados por la FGR de haber cometido los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El proceso, incluye además de la corrupción relacionada con Odebrecht, la estafa mediante la compra-venta de una fábrica obsoleta de fertilizantes nitrogenados con alto sobreprecio, en 200 millones de dólares.
Hay además otras causas como sobornos a legisladores para que apoyaran la reforma energética aplicada por el expresidente Enrique Peña Nieto para privatizar a Pemex y la Comisión Federal de Energía, que aun no se han dilucidado y en las cuales el gobernante repartió decenas de millones de dólares, en lo que está muy implicado Lozoya.
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