El momento clave fue el arranque del proceso la víspera, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un acto solemne en el capitalino teatro Miguel Ángel Asturias.
«Tú votas, tú eliges, tú decides», será el eslogan de este noveno proceso, que comenzó el 20 de enero hasta la votación el 25 de junio y, si fuera necesario, una segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto.
En su intervención, la presidenta del TSE, Irma Palencia, calificó de trascendental este día por «el enorme compromiso de reafirmar colectivamente la democracia cada cuatro años».
Además, apeló a que «las organizaciones políticas y la prensa no malgasten esta oportunidad de hacer patria en campañas de desinformación y descrédito que desgastan y minan nuestra democracia y la credibilidad institucional, además de desmotivar y destruir la confianza ciudadana».
Con el trasfondo electoral de fondo, el Bloque Democrático vio la luz el pasado miércoles como plataforma política y social de diversas fuerzas para construir un país diferente y una nueva mayoría.
Así se presentó esta plataforma ante el edificio del Palacio Nacional de la Cultura, donde colocaron una corona como «símbolo anticipado de la muerte en las urnas, el próximo 25 de junio, del actual Pacto de Corruptos en el poder» y anticipo del futuro por una Guatemala diferente.
Ante el llamado de los partidos Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq, a construir una nueva correlación de fuerzas, nace esta alianza de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, campesinos, estudiantes, intelectuales y mujeres, donde caben todos y a todos necesitan, según explicaron en su presentación a la ciudadanía.
Entre las consideraciones del bloque para asumir esta postura citaron los elevados índices de pobreza y pobreza extrema, desnutrición, desempleo, bajos salarios en el campo (diferenciados con los de la ciudad), fracaso de sucesivos gobiernos en garantizar el bien común y represión como método para responder a las demandas sociales.
Asimismo, persistencia del racismo hacia las comunidades indígenas y desalojos de sus tierras, persecución penal contra periodistas, jueces probos y defensores de los derechos humanos, así como inexistencia de separación de poderes del Estado.
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