Este miércoles, el Comité de Ministros, integrado por los jefes de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Energía, Minería, Economía y Agricultura, desestimó de manera unánime la iniciativa de la compañía Andes Iron de construir una planta de extracción de hierro y cobre y una terminal de embarque en la región de Coquimbo.
De acuerdo con la titular de medioambiente, Maisa Rojas, Dominga pondría en grave riesgo a especies únicas del Archipiélago de Humboldt, donde habitan ballenas, pingüinos, delfines, loros y guayacanes.
El comité decidió acoger 12 reclamaciones referidas a la vida marina, la contaminación del agua y la calidad del aire en uno de los ecosistemas más importantes del mundo.
Dirigentes políticos y sociales, comunidades indígenas, gremios de pescadores, emprendedores de turismo, agricultores y organizaciones de la Alianza Humboldt saludaron la decisión y abogaron por crear allí un área marina protegida libre de industrias de alto impacto.
Sin embargo, algunas autoridades, como el alcalde de la localidad de La Higuera, Yerko Galleguillos, rechazaron el fallo bajo el argumento de que la minera crearía puestos de trabajo para esa comunidad.
Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) un consejo de ministros también se pronunció contra Dominga.
Otro tema que acaparó la atención esta semana fue el rechazo del pleno de la cámara de diputados a la acusación constitucional presentada por el ultraderechista Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
El libelo obtuvo 76 votos en contra, seis abstenciones y 68 a favor, muy lejos de los 78 necesarios para que avanzara al senado.
La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, agradeció a todos los que se pronunciaron en contra de una acción improcedente.
Esta es una herramienta para acusar a autoridades cuando quebrantan el ordenamiento legal y en este caso no había mérito jurídico, dijo Uriarte.
La diputada Karol Cariola, del Partido Comunista, llamó a la derecha a entender que las acusaciones constitucionales, menos si son sin fundamentos, no son el camino para hacer oposición al Gobierno.
El Partido Republicano señalaba a Jackson de infracciones a las leyes en asuntos de compra de tierras para poblaciones indígenas, lo cual no es facultad del ministro, y del mal funcionamiento de los servicios locales de niñez, algo que se arrastra por años y sobrepasa los apenas cuatro meses que lleva en el cargo.
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