La semana pasada, el Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, a quien la justicia del país norteño acusa de delitos de narcotráfico y fue llevado allá en un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA), junto a otros cinco acusados de diferentes delitos.
«Córdoba, es una persona conocida y cercana a las luchas sociales y sufrió el tipo de los llamados «entrampamientos» coordinados por la Fiscalía, la DEA y grupos del narcotráfico al servicio de la política de sometimiento judicial y extradición a Estados Unidos», manifestó el Partido en un comunicado.
Recalcó que una vez más la extradición desnuda su verdadero rostro de instrumento político de retaliación y ghetto social.
El acuerdo de extradición entre los dos países «es un tratado asimétrico que no resuelve la impunidad y que se constituye una vez más en un obstáculo al desenvolvimiento soberano de una política de paz total», enfatizó.
El Partido Comunista rechazó esta medida inconveniente y manifestó su confianza en que el afectado demostrará su inocencia.
«Al mismo tiempo, denunciamos la injerencia absoluta, permanente, fuera de control de la DEA y otras agencias estadounidenses con funciones colonialistas en Colombia, así como la complicidad de la Fiscalía», recalcó el Comité Ejecutivo Central de la fuerza política.
Álvaro Córdoba fue capturado en Medellín el 3 de febrero de 2022 después de que Estados Unidos solicitara su extradición por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico.
El hermano de la senadora del Pacto Histórico afirmó ser inocente de los cargos en su contra y que las pruebas entregadas a Estados Unidos son ilícitas.
«Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia, no hemos vivido del narcotráfico porque no somos narcotraficantes», expresó en entrevista a una emisora local antes de la extradición.
Estados Unidos y Colombia suscribieron un tratado de extradición en la década de 1980, en pleno apogeo de los cárteles, cuyo trámite contempla una solicitud formal por parte de Washington que tiene que ser aprobada por la Corte Suprema y luego firmada por el presidente de la nación suramericana.
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