El estudio que ya se realizó en otros países de renta baja per cápita debía demostrar que la educación sobre alimentación sana podría tener un impacto positivo en la nutrición y la prevención de enfermedades.
Sin embargo, en Haití la pesquisa arrojó que, la capacitación de los preparadores de alimentos no es suficiente para mejorar la situación nutricional de los reclusos, pues los cocineros se enfrentan a la falta de disponibilidad de alimentos y la imposibilidad de variar los platos, mientras que los disturbios políticos dificultan el acceso a los suministros.
“El estado nutricional de los presos es de hambruna. La educación no resolverá este problema”, denunció la investigación elaborada por la Universidad Estatal de Haití, la Universidad de Florida y las organizaciones Health Through Walls y Centurion Health. El estudio tomó como muestra la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la más grande del país, y la prisión civil de Mirebalais, y revelaron que la ingesta media en los dos centros era menor de 600 calorías diarias, “un nivel coherente con la inanición”, de acuerdo con el diario Le Nouvelliste.
Además, la cifra de calorías disminuyó durante el periodo de la investigación, realizada en 2021 y 2022 y los analistas refirieron que los reclusos presentaban un peso inferior al normal y carencias nutricionales significativas.
El pasado año varios organismos como la Oficina de Naciones Unidas en Haití o la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) denunciaron las condiciones de los centros penitenciarios y el aumento de las muertes como consecuencia de la inanición.
Más de un centenar de reos fallecieron en medio de una grave escasez de alimentos en las cárceles, agravado por el hacinamiento.
Las principales prisiones de Haití funcionan al cuádruple de su capacidad, lo cual genera una situación “caótica”, y la OPC advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, podrían encontrarse ante una “catástrofe humanitaria”.
Expertos coinciden en que la alta tasa de prisión preventiva prolongada, que afecta a más del 83 por ciento de los reclusos es una de las causas de la crisis y está asociado a la incapacidad de las autoridades judiciales de asumir sus responsabilidades y cumplir con los plazos previstos.
Además, las recurrentes huelgas del sector judicial empeoran el fenómeno, mientras prisioneros pueden estar detenidos durante varios años, incluso una década, sin presentarse ante un juez o tener acceso a abogados.
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