El procesamiento a ocho nuevas personas, entre ellas políticos, jueces, y personal de seguridad, y la liberación de cinco detenidos en el expediente constituyen las principales novedades del retorno del caso, divulgaron medios locales.
Los detenidos Shafiq Merhi, exdirector general de Aduanas; Sami Hussein, exdirector de operaciones en el puerto; Salim Shibli, contratista de obras; Michel Nahoul, jefe de proyectos; y el trabajador sirio Ahmed Al-Rajab quedaron en libertad impidiéndoles viajar.
En la reanudación de su trabajo, Al-Bitar acusó a ocho funcionarios, entre ellos el Director de Seguridad Pública, Abbas Ibrahim, el jefe de la Agencia de Seguridad del Estado, Tony Saliba, y el ex comandante del ejército, Jean Kahwaji.
La vuelta de la investigación sucede días después del encuentro de Al-Bitar con una delegación francesa en su oficina en el Palacio de Justicia de Beirut y tras una pausa desde finales de 2021.
El 4 de agosto de 2020 la ignición de más de dos mil toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas por seis años sorprendió a transeúntes, destruyó parcial o totalmente negocios, hogares, edificios, centros comerciales, dejó sin empleo a cientos de libaneses y provocó secuelas psicológicas por el trauma vivido.
Más de dos años después, la interferencia política y la inmunidad de funcionarios de alto nivel alimentan la ira de varios familiares de las víctimas de la explosión ante el irrespeto a los más de 200 fallecidos.
La explosión del puerto capitalino sucedió meses después de la revuelta popular de octubre de 2019 para acentuar la peor crisis económica y financiera de Líbano, que arrastra en el presente a cuatro de cada cinco ciudadanos a la pobreza.
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