La medida fue introducida por el partido de derecha Chile Vamos y formó parte de una campaña opositora contra el gobierno de Gabriel Boric por liberar a 12 detenidos durante el estallido social de 2019 y a un ex combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
“Se ha hecho justicia” declaró Ríos luego de la votación en el plenario de diputados, donde el libelo recibió 82 sufragios en contra, 49 a favor y hubo tres abstenciones, con lo cual el proceso quedó formalmente detenido en el Congreso Nacional.
La extitular, quien renunció al cargo precisamente por las críticas hacia los indultos, reiteró que en ningún momento se violaron las leyes ni la Constitución y, por lo tanto, no existió ningún mérito jurídico en los cargos levantados contra ella.
La carta magna vigente, dijo, establece las normas y la forma en que se realizan los indultos otorgados por los presidentes desde el retorno a la democracia y todo se cumplió puntualmente.
El indulto presidencial a personas condenadas por la justicia es un privilegio contenido en la Constitución de Chile y en las últimas décadas fue utilizado con amplitud por los gobernantes.
Incluso el antiguo mandatario Sebastián Piñera liberó a miles de detenidos invocando razones humanitarias durante la pandemia de Covid-19, entre ellos varios sancionados por delitos de lesa humanidad, lo cual contraviene convenciones internacionales.
“Yo espero sinceramente que el tiempo de la cámara (de diputados) sea ocupado por la agenda que le preocupa a la población, como los temas de seguridad, sacar adelante la reforma de pensiones, la ley de 40 horas de trabajo semanal y otros asuntos”, precisó Ríos.
Esta es la segunda acusación constitucional presentada por los partidos opositores hacia miembros del gobierno, pues hace pocos días también se discutió y se rechazó una acción similar contra Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social.
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