Dijo que se deben tomar acciones inmediatas para reducir la inseguridad y sus efectos en las familias de ambos estados, y recordó que Jalisco reportó en 2022, nueve mil 800 delitos, mientras Zacatecas tuvo la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Por ello, el legislador priista solicitó a las autoridades de seguridad pública de las dos entidades y a sus municipios a combatir el narcotráfico y ofrecer seguridad a la población que prometieron cuidar.
Ante la Comisión Permanente, el líder de esa bancada presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y David Monreal Ávila, de los estados de Jalisco y Zacatecas, respectivamente, a construir políticas públicas que den una respuesta institucional inmediata al grave problema de desaparición de personas en ambas entidades.
Garantizar la seguridad es crítico para la competitividad de un gobierno. A través de estas garantías se promueve el bienestar de la ciudadanía, se mantiene el desarrollo y se crea un entorno de comunidad, dijo.
Permitir el crecimiento de los delitos puede conducir a la pobreza, pérdidas irreparables y un crecimiento económico reducido en todo el país, sostuvo Moreira.
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