A través de un comunicado, enfatizaron que los llamados para reunirse frente a la institución tienen como objetivo la violencia y el derramamiento de sangre en las calles.
En ese sentido, las familias pidieron no dejarse arrastrar por quienes intentan provocar una contienda civil, tras las repercusiones de las decisiones del juez de instrucción en la explosión del puerto, Tariq Al-Bitar, y la respuesta del fiscal de casación, Ghassan Oweidat.
Ante este panorama, el primer ministro interino Najib Miqati llamó a las autoridades pertinentes celebrar una reunión del Consejo Judicial Supremo la próxima semana con el objetivo de discutir la situación del expediente de la explosión del puerto y tratar de encontrar salidas a la crisis existente, lejos de las presiones e intervenciones políticas.
Miqati manifestó preocupación por la división en el poder judicial libanés tras el regreso a sus funciones del juez Al- Bitar, para romper 13 meses de pausa y retomar la investigación sobre la tragedia capitalina hace más de dos años.
Junto con la convocatoria a participar en dos movimientos, uno de apoyo al investigador judicial, Al-Bitar, y el otro en respaldo al fiscal Oweidat, el Ejército libanés tomó medidas de precaución en las inmediaciones de las áreas de Al- Shiyah y Ain Al-Rummaneh, en esta capital.
De acuerdo con expertos locales, Oweidat se dirige a procesar al juez Al-Bitar por cargos de violación de la ley, luego de que este anunciara recientemente la inclusión del fiscal y otros tres magistrados en la lista de acusados en el expediente de la tragedia para ser interrogados el mes entrante.
Por su parte, Al-Bitar desconoció la dispuesto por Oweidat y agregó que “cualquier respuesta de las fuerzas de seguridad a la decisión del Ministerio Público de Casación de poner en libertad a los detenidos equivaldría a un golpe de Estado a la ley”.
A la vacancia presidencial, la devaluación sin precedente de la moneda nacional, el bloqueo de carreteras por la agudización de la crisis se sumó en los días recientes el estado de caos legal y constitucional en Líbano, luego del anuncio del juez Al-Bitar de regresar al caso después del desistimiento en su contra.
La catástrofe del puerto de Beirut ocasionó más de 200 muertes, cifra superior a los seis mil 500 heridos y miles de desplazados, como consecuencia de la explosión de cantidades de nitrato de amonio mal almacenados durante años en uno de los pabellones del interior de la instalación.
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