Avella explicó, en entrevista a Prensa Latina, que el alcance histórico del fallo no es solo para Colombia, América Latina, sino también para el mundo.
«En el día de hoy recibimos uno de los peldaños de la reparación y la reparación es que se vaya sabiendo la verdad», subrayó la lideresa de izquierda, quien el 7 de mayo de 1996 en esta capital sufrió un atentado.
«En este país, donde asesinan a gente todos los días y que sigue la misma operación, no sabemos si con los mismos personajes cambiando de nombre, pero sí estamos convencidos de que se abre el otro capítulo que es la reparación», aseveró.
La reparación de toda índole -dijo- porque una de las formas de hacerlo es que nunca más se vuelva a repetir un exterminio como el sufrido por la militancia de la UP y que se respete cualquier opinión política en Colombia.
«Pensar diferente no debe significar morir. Pensar diferente debe ser, precisamente un ingrediente de la democracia, esa que no tuvimos nosotros durante más de 20 años y que le tocó a un organismo internacional decidir si se había producido exterminio o no porque en la justicia nacional encontramos poco eco», recalcó la también senadora del Pacto Histórico.
Rememoró que cuando pusieron la demanda por genocidio político, UP tenía mil 117 muertos y estaban todos los casos archivados por falta de pruebas, es decir, no se investigaba nada.
Algunos porque tenían miedo, otros porque tenían que salir del país, y otros porque simplemente no hicieron nada, dijo al referirse a la falta de pruebas en este caso que también investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«Por eso creemos que todas esas investigaciones y, sobre todo, saber quiénes fueron los determinadores del genocidio es una de las cosas más importantes y que todavía desconocemos», manifestó a esta agencia.
Esto va para la segunda etapa y creo que va a ser muy fructífera para el continente americano donde en muchos países se cometieron genocidios, se asesinó a la gente de izquierda y solamente quedaron en los anales, resaltó.
La CIDH responsabilizó este lunes al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años.
El tribunal recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP con actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes, puntualizó.
Aseguró que pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de esa fuerza política, se extendió en casi todo el territorio colombiano.
Se llevó a cabo a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó.
Luego de presentar un conjunto de violaciones contra la UP, la CIDH ordenó al Estados diversas medidas de reparación.
Más temprano, el presidente Gustavo Petro afirmó que su Gobierno apoyará la sentencia emitida sobre el exterminio sufrido por esa organización, solo por ser de izquierda.
De acuerdo con la JEP, cinco mil 733 personas vinculadas a la UP fueron asesinadas; de esa cifra, cinco mil 195 eran miembros del partido y 538 no pertenecían al mismo, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos contra esa colectividad.
oda/otf