Por Odalys Troya Flores
Corresponsal jefa en Colombia
El reconocido líder tenía 52 años cuando cayó como parte de un plan de exterminio contra esa joven fuerza política y era entonces secretario nacional de organización del Partido Comunista Colombiano, columna vertebral de la UP.
Más de 20 años de espera por la justicia marcaron el carácter de Rubí Andrea Forero quien, como su padre, también es una joven convencida de que la paz es imprescindible para Colombia.
El lunes 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su sentencia por el exterminio de la militancia de la UP. El tribunal responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la Unión Patriótica desde 1984 y por más de 20 años.
La CIDH recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado del proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP, añadió.
A partir de entonces, explicó el tribunal, comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica.
La Corte constató que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de esa fuerza política se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano y se manifestó con actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, que contó con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa Humanidad, enfatizó la Corte.
En entrevista con Prensa Latina, Rubí Andrea Forero afirmó que recibió la sentencia de la CIDH en medio de la colectividad y la memoria.
“Porque en este trasegar hostil, complejo y doloroso, hemos elegido estar en unidad, entre risas y llantos, escuchando lo que por tantos años con la esperanza intacta soñamos”, expresó.
Aseguró que el 30 de enero de 2023 lo declararon emblemático para sus vidas y para la historia de Colombia, porque la CIDH calificó lo ocurrido contra la Unión Patriótica como un Genocidio Político perpetrado por fuerzas del Estado en connivencia con las estructurales paramilitares y sicariales.
Además, reconoció el universo de víctimas en el marco de su ejercicio político, manifestó la hija del líder del movimiento obrero que fue presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca y uno de los dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia.
“Es un fallo histórico. Lo acepto, lloré escuchando la notificación de la sentencia porque me remonté a mi infancia, a lo que dolió, pero hoy se convierte en un bálsamo para las heridas”, manifestó.
DUROS AÑOS SIN EL PADRE
“Experimenté un camino largo y muchas veces silencioso porque ha sido una lucha desigual, porque siendo muy niña perdí todo, a mi padre, a mis amigos de militancia, de crianza, y a mi madre a la que admiro muchísimo, pero que, en muchas ocasiones por sus mismas dinámicas políticas, también tenía que ausentarse”, subrayó.
Forero fue asesinado junto a tres personas que le acompañaban en el barrio Santa Matilde, en Bogotá.
“Así transcurrió mi vida, en medio de silenciosos deseos y sueños frustrados por la guerra, en medio de la soledad y quizás sin un hogar al que acudir, todo tan desértico y a la vez tan oscuro”, recordó Rubí Andrea.
En su opinión, todos los familiares, compañeros y amigos de las víctimas mortales del genocidio político contra la UP cayeron “en ese círculo de miedos, de ausencias y hasta frustraciones, donde la impunidad reinaba y los crímenes continuaban”.
De esa manera pasaron años hasta que surgió una idea de compilar las historias, las fotos, los recortes de periódicos, y gracias a esto, Jael Quiroga, Aída Avella y Stellita Aponte crearon la Corporación Reiniciar.
“A ellas y a otro sinnúmero de compañeros les debemos este empujón, este sincero gesto para con nosotros”, manifestó en muestra de gratitud.
TEÓFILO FORERO
“Mi padre, proveniente de las entrañas del Tolima, siempre se destacó por ser un líder innato, consecuente, inteligente, alegre, carismático y disciplinado; fue diputado por la Asamblea de Cundinamarca, concejal de Bogotá y secretario nacional de Organización del Partido Comunista Colombiano”, recordó.
Aseguró que fue un hombre entregado a las luchas campesinas, sindicales y populares, espacios en donde se movía como pez por el agua, pero la aberración que tenía el Estado por eliminar a líderes del tamaño de Teo hizo que no le perdonaran la vida.
“Así pasaron los años y se conoció con nombres propios los artífices materiales e intelectuales del horrendo crimen; varios de ellos han tenido vínculos directos con la fuerza pública, y aun conociéndose esta parte de la historia, la impunidad seguía reinante y las posibilidades de conocer la verdad eran mínimas”, aseveró.
La masacre contra Forero y sus tres compañeros es considerada el primer hecho de sangre perpetrado en Bogotá contra un dirigente nacional de la UP.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, cinco mil 733 personas vinculadas a la UP fueron asesinadas o desaparecidas; de esa cifra, cinco mil 195 eran miembros del partido y 538 no pertenecían al mismo, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos contra esa colectividad.
La sentencia de la CIDH no solo fue recibida con beneplácito por la militancia de la UP que hoy forma parte del gobierno colombiano, como integrante de la coalición Pacto Histórico, sino por diversas personalidades y agrupaciones políticas.
El propio presidente del país, Gustavo Petro, afirmó que apoyará la sentencia emitida sobre el exterminio sufrido por este partido solo por ser de izquierda.
“Sabemos que desde el 7 de agosto de 2022 estamos viviendo un nuevo momento histórico en el marco de la democracia y es de gran satisfacción para nosotros que Gustavo Petro reconozca que lo ocurrido en contra de la Unión Patriótica no fue otra cosa que un genocidio político y que, frente a ello, se ponga a disposición para el cumplimiento a las órdenes de la CIDH”, subrayó.
LA SENTENCIA
Luego de presentar un conjunto de violaciones contra la UP, la CIDH ordenó diversas medidas de reparación como iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos.
Asimismo, determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, remover todos los obstáculos que mantuvieran en la impunidad los hechos relacionados con este caso, y efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas.
Entre otras órdenes, indicó publicar y difundir esta sentencia y su resumen oficial, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas, en escuelas y colegios públicos.
Ordenó construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP; colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas; elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra ese partido y realizar una campaña nacional en medios públicos.
El Estado colombiano deberá rendir a la Corte un informe en el cual acuerde con autoridades de la UP cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, para garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes.
Finalmente ordenó pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
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