Durante su urgente alocución en esa fecha, Lula afirmó que hubo falta de seguridad en el DF y prometió que los terroristas serán encontrados y castigados.
El objetivo de la medida fue «poner fin al grave comprometimiento del orden público» en la división territorial, marcado por la invasión y saqueos en las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y la Presidencia.
A los gritos de «limpieza general» y al sonido de himnos brasileños, un inmenso grupo de extremistas adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro penetró ese día en la Explanada de los Ministerios para manifestarse contra los resultados de la segunda vuelta de elecciones del 30 de octubre que ganó Lula.
Con también pedidos de intervención militar, los golpistas irrumpieron violentamente y depredaron más tarde los edificios de los tres poderes en esta capital.
La disposición emitida por Lula en la oportunidad resultó coordinada por el interventor Ricardo García Cappelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el decreto, el interventor estuvo subordinado al presidente de la República y no a las normas de distrito que entren en conflicto con las medidas necesarias para la ejecución de la intervención.
«Esos vándalos, que podemos llamar fascistas, fanáticos hicieron lo que nunca se hizo en la historia de ese país», denunció en la ocasión el exsindicalista.
Insistió en que lo ocurrido, «no tiene precedente en la historia de nuestro país. Esa gente tendrá que ser castigada. Vamos a descubrir los financiamientos de esos vándalos que fueron a Brasilia. Vamos a descubrir a todos ellos y pagarán con la fuerza de la ley ese gesto de irresponsabilidad», subrayó.
De acuerdo con el cartera de Justicia, no hay previsión de continuar con la intervención federal de 23 días, después de cumplirse el plazo.
Al respecto, el ministro Flavio Dino precisó la pasada semana que no pretende extender la medida, pues no hay causa constitucional para ello.
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