Por Yosbel Bullaín
Corresponsal jefe en Nicaragua
Campañas mediáticas y en redes sociales enfrentó la mandataria que desde antes de ser elegida en los comicios de 2021 apostó por desarrollar un sistema justo, democrático y socialista.
Con ese propósito, la jefa de Estado afrontó una profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, males heredados tras 13 años de Gobiernos neoliberales.
El deterioro de las finanzas públicas en todas las esferas gubernamentales, considerado como el más alto nivel de endeudamiento conocido en la historia hondureña, además de los más de seis millones de personas sometidas a la pobreza extrema, fueron otras de las problemáticas heredadas.
“Puedo afirmar que Honduras estaba condenada al fracaso y a la desarticulación de haber seguido la senda por la que se nos arrastró durante los últimos 13 años”, expresó Xiomara Castro en un reciente mensaje enviado al Congreso Nacional.
Según el analista político Mauricio Hernández, este primer año de Gobierno fue difícil, pues la dictadura duró mucho tiempo y la dignataria trata de desmontar ese periodo de gobiernos neoliberales.
En diálogo con Prensa Latina, Hernández se refirió a la batalla constante que realiza el Ejecutivo para depurar todas las instituciones del Estado y colocar funcionarios que respondan a los intereses del pueblo.
“Creo que estamos en buen camino y tenemos la esperanza de que vamos a profundizar y avanzar mucho más rápido en los procesos de cambios del país, además, esperamos se fortalezcan las relaciones con los países latinoamericanos”, subrayó.
LOGROS Y ACUERDOS
Varias acciones desde al ámbito social y político marcan este primer año de gestión de la presidenta hondureña, cuyo propósito es devolver al pueblo lo arrebatado por los gobiernos neoliberales.
Con esa perspectiva descuella entre las primeras promesas cumplidas la garantía del servicio eléctrico de manera gratuita a más de un millón de personas que viven en la pobreza y consumen menos de 150 kilowatts/mes.
Buscar opciones para garantizar una educación de calidad y sin costo a niños y jóvenes hondureños, además de subsidiar los precios de los combustibles, también formó parte de la agenda del Ejecutivo del país centroamericano.
De igual modo, Xiomara Castro derogó, entre otras, la ley de empleo por horas que precarizaba el trabajo y agudizaba el tema de la pobreza, pues según datos oficiales, con dicha normativa implementada durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2014), el nivel de penuria en Honduras pasó del 53 al 73 por ciento.
Otro de los logros resulta la implementación del programa Red Solidaria, el cual beneficia a unas 400 mil familias de más de dos mil aldeas del país de los pinos, iniciativa calificada como integral por parte del Gobierno.
También sobresale la firma a mediados de diciembre pasado de un memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
“Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público-privadas de alto impacto que han saqueado al país”, resaltó Xiomara Castro tras la rúbrica del convenio con la ONU.
ASIGNATURAS PENDIENETES
Si bien la población hondureña celebra los resultados de la presidenta de Honduras desde su asunción el 27 de enero de 2022, que marcan un 78,2 por ciento de cumplimiento de las metas en este primer año, existen asignaturas pendientes.
Entre ellas está la elección en el Congreso Nacional de 15 magistrados de los 45 presentados para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la cual se aspira a eliminar de raíz el alto grado de impunidad y corrupción existente en el país.
El congresista Juan Barahona expresó que la CSJ será electa para el pueblo hondureño y no para colores políticos.
Recalcó que el partido Libertad y Refundación (Libre) aspira a llegar a consensos con las demás bancadas y lograr tener ocho magistrados que incluye la presidencia del nuevo poder judicial.
Algunos análisis sobre el tema consideran que es un paso fundamental para encaminar las reformas estructurales necesarias a fin de garantizar la independencia del sistema judicial hondureño.
Para el analista político Alejandro Bonilla, la elección de la nueva CSJ es importante no solo para la soberanía nacional de Honduras, sino de Latinoamérica en este nuevo giro hacia la izquierda de algunos países de la región. “En Honduras históricamente dicha corte era elegida para corresponder a las élites económicas y oligárquicas del país, quienes cubrían sus actos de corrupción, crimen, saqueo del Estado y explotación laboral a través de este poder del Estado, pero ahora es distinto”, expresó el analista.
Por otra parte, resulta indispensable la lucha contra la violencia, fenómeno arraigado y latente hoy en la sociedad de la nación centroamericana.
A decir de la presidenta, en los últimos 13 años el pueblo fue víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo, lo cual permeó las instituciones policiales y militares y elevó la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.
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