De acuerdo con la norma, hasta el mismo día de la consulta, el 5 de mayo del próximo año, los aspirantes de las diferentes organizaciones políticas que se definan, deberán abstenerse de asistir a actividades financiadas con fondos del Estado, bajo la modalidad de llave en mano.
El máximo organismo comicial precisó que de acuerdo con el artículo 282 y 35 del Código Electoral, los candidatos por libre postulación quedan exentos de esta restricción que rige para ellos desde junio del año pasado, fecha en la que da inicio al trámite de reconocimiento.
En ambos casos, si los candidatos o precandidatos incumplen esta disposición podrían ser inhabilitados para la carrera por un cargo según el artículo 35 del mismo Código Electoral.
Según el TE, las actividades financiadas con fondos públicos se refieren a aquellas directamente relacionadas con la inauguración de obras en las que se prohíbe la colocación de placas personalizadas de las autoridades oficiales.
También dejó claro que la prohibición excluye actividades «oficiales propias e inherentes al ejercicio del cargo, financiadas con el presupuesto nacional o municipal, ajenas a la inauguración de obras públicas».
Estas medidas se dan para evitar «que la persona pueda sacar provecho político frente al electorado por razón de su presencia física en el acto», según el comunicado.
De otra parte, el TE recordó que el 15 de febrero próximo vence el plazo para presentar impugnaciones contra el Padrón Electoral Preliminar (PEP).
Estas impugnaciones deberán presentarse ante los juzgados administrativos electorales y las reclamaciones ante la Dirección Nacional de Organización Electoral.
Hasta este mismo periodo podrán reclamar contra el PEP los ciudadanos que hayan obtenido su cédula de identidad personal o tramitado su inclusión o cambio de residencia hasta el 5 de enero de 2023.
En cumplimiento del calendario de las elecciones generales el TE divulgó el pasado 20 de enero que el padrón preliminar tiene un registro de tres millones 41 mil 86 ciudadanos con derecho al voto.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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