La economista dijo a la prensa que en el istmo se enfrentan dos visiones: por un lado, la de la precariedad y la corrupción; y por el otro, la de la necesidad de adecentar al país y lograr un Estado signado por la justicia y la equidad social.
Gordón denunció que en el plano económico la población está desesperada ante la falta de respuestas al creciente aumento de precios de los alimentos, la energía eléctrica, internet y la educación, entre otros sectores.
Además, enfatizó, el ejecutivo sigue sin dar respuestas a los acuerdos suscritos con colectivos populares en la mesa única de diálogo instalada en julio de 2022 en la ciudad de Penonomé (provincia de Coclé), fruto de protestas sociales que paralizaron a la nación casi un mes.
En Panamá, un país rico en recursos pero mal distribuidos, según explicó, hay un 10 por ciento de desempleo y 60 por ciento de informalidad, lo que impactará en la seguridad social y que cada vez menos pensionados disfruten de programas como el de Invalidez, Vejez y Muerte.
Quienes dicen estar preocupados por la seguridad social, agregó, promueven políticas de privatización y medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación o crear cuentas individuales, lo que afectaría a los más humildes.
Acerca de la corrupción, Gordón fustigó la más reciente declaración del Gobierno de Estados Unidos que negó el acceso a ese norteño país del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien señaló como exponente de “corrupción significativa”.
La representante de fuerzas progresistas en el istmo recordó que desde la embajada de Washington en Panamá se designaban a los mandatarios locales, cuyas sucesivas administraciones, incluida la actual, se subordinan a los designios de la Casa Blanca.
Al respecto instó a defender la soberanía nacional con procesos ejemplarizantes de la justicia, donde se investigue y sancione a los responsables de la corrupción, además que se devuelva lo robado.
También se refirió a las turbias negociaciones del Gobierno con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, otro ejemplo donde se platica de espaldas al pueblo y donde prevalecen intereses empresariales y personales, mientras despojan al país de sus recursos naturales, sentenció.
De cara a los comicios generales del 5 de mayo de 2024, denunció que se perciben irregularidades como la autenticidad de las firmas de respaldo a precandidatos independientes y un Tribunal Electoral que no informa los resultados de auditorías realizadas a los sistemas de compilación de rúbricas por internet.
«Esto afecta un proceso que debe cerrar en seis meses, para saber cuáles son las firmas legítimas y el número de posición en las que quedan las candidaturas. No hay transparencia y tampoco certeza de la información», enfatizó.
Gordón abogó por una Asamblea Constituyente Originaria autoconvocada, que permita refundar al Estado y defender la clara visión patriótica, de respeto a los derechos humanos para caminar hacia la real democracia.
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