El consumo de drogas entre los jóvenes es preocupante, declaró el exprofesor y recién electo diputado por la circunscripción de Saint John Rural West, Richard Lewis, quien recordó la existencia de la despenalización de la marihuana, “pero nunca se pretendió que los menores de 18 años la consumieran a voluntad”, aseveró.
Este problema afecta a todo el mundo, no son sólo las escuelas o los alumnos, toda la sociedad está en juego aquí, remarcó el legislador.
Señaló la necesidad de aumentar el asesoramiento en las escuelas, y afirmó que la pandemia de la Covid-19 y la prevalencia de las redes sociales afectan la socialización positiva entre los jóvenes.
El candidato del gobernante Partido Progresista Unido por la circunscripción de St John’s Rural East, Sean Bird, pidió a los funcionarios de educación que adoptaran un enfoque más proactivo para hacer frente a la violencia.
Testigo de dos incidentes en la última semana en la escuela de secundaria Clare Hall, expresó que no le sorprendían los acontecimientos y que hay muchos padres monoparentales en el país y jóvenes de ambos sexos están en peligro.
Mencionó el consumo de drogas y alcohol como una de sus principales preocupaciones, y planteó que los profesores estaban «en su derecho» de solicitar más seguridad.
Es necesario evaluar las causas profundas de los actos delictivos en los centros educativos, advirtió, por su parte, el director de la Ottos Comprehensive School, Foster Roberts.
«Como sociedad, iglesia, hogar, habríamos fracasado porque depositamos toda la responsabilidad de socializar al niño en la escuela», reflexionó.
El Gobierno destacó a fines de noviembre de 2022 que tenía la intención de trabajar con el personal necesario para disminuir los ataques y devolver a la nación una apariencia de paz.
Días atrás, sin embargo, dos jóvenes fueron llevados a prisión tras ser sorprendidos portando armas en una escuela que en ese momento albergaba un torneo deportivo.
Antigua y Barbuda, con cerca de 93 mil habitantes, tiene en la violencia algo profundamente arraigado, hasta el punto de que es legal infligir castigos corporales no solo en el hogar, sino en todas las instituciones relacionadas con el desarrollo de los niños.
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