El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) señaló en un comunicado difundido por medios de prensa oficialistas, que los deportados estaban presos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo.
Asimismo, subrayó que los sentenciados por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado y la sociedad nicaragüense, lo cual perjudicó el interés supremo de la nación.
Según se informó, lo anterior se realiza de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 24, 34 y 9 de la Constitución Política; artículos 31, 409, 410, 412, 413, de la Ley 641 del Código Penal, Ley 1055, de Defensa a los Derechos del Pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación.
“Se giraron los oficios respectivos al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo de sus cargos. Cúmplase y notifíquese”, expresó le presidente de la sala uno del TAM, magistrado Octavio Rothschuh.
El juez comunicó que los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de manera perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua.
Además, están imposibilitados de ejercer cargos de elección popular, y quedaron suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
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