Desde el 20 de enero pasado, cuando el Tribunal Supremo Electoral abrió la convocatoria oficial a los comicios, los partidos comenzaron a inscribir a sus candidatos a los más de cuatro mil cargos públicos en disputa, una etapa que ya pone a prueba a la institución en cuanto a credibilidad y transparencia ante la madeja legal ya en curso.
El lunes último, correspondió la entrega de credenciales al binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrado por Sandra Torres y Romeo Guerra, y con ello suma 10 organizaciones políticas habilitadas para la futura contienda de un total de 30.
«Hoy la UNE recibe sus credenciales para construir una mejor Guatemala”, fue una de las publicaciones subidas a su página oficial en Facebook con la etiqueta #OrdenYTransformación, el principal slogan del partido verde.
También esta semana continuaron las impugnaciones partidistas a las diferentes propuestas de presidenciables, en particular contra el binomio Torres-Guerra y Zury Ríos y Héctor Cifuentes, de la coalición Valor-Unionista, al punto de que la madeja legal se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta aceptó para trámite los amparos presentados por Todos y Cabal en función de anular la participación de sus adversarios por impedimentos constitucionales.
Según las agrupaciones, Guerra ejerció hasta hace dos meses como ministro de culto, una de las prohibiciones incluidas en la Carta Magna; y en igual condición estaría Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
En respuesta a los recursos legales tanto la UNE como Valor-Unionista respondieron que están en ley, por lo que solo queda esperar la resolución de la CSJ a partir del informe del TSE sobre las razones de la inclusión de los aspirantes.
También esperan por este alto tribunal de justicia el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP, luego del rechazo de sus candidatos por el ente electoral, y de Podemos, en igual situación por señalamientos de campaña anticipada.
En el caso del MLP, sus dirigentes consideraron su exclusión como “golpe electoral” y evidencia del posible fraude en curso.
La agrupación de izquierda quedó en cuarto lugar en los pasados comicios generales y es una de las pocas que se maneja como opción alternativa de cambio por parte de analistas.
Sin embargo, el camino legal es una opción lenta que la podría dejar definitivamente fuera.
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