El 1 de septiembre pasado, un hombre identificado como Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la ex jefa de Estado en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta, pero el arma no se disparó.
Días después fueron arrestados su novia, Brenda Uliarte, y Carrizo, entre los sospechosos investigados.
Según ese medio de prensa, Capuchetti consideró que subsisten inalterados peligros procesales que impiden la posibilidad de que el imputado afronte el proceso penal en libertad.
Además, indicó que el tiempo de detención preventiva de Carrizo no es desproporcionado en relación a la gravedad del hecho del que se le acusa, la complejidad de la investigación y los preceptos legales tenidos en cuenta.
Por otra parte, señaló la magistrada que existen riesgos de fuga por lo cual es denegada la petición.
En varias ocasiones, los abogados de Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron profundizar en las investigaciones y señalaron que este último no tuvo un papel secundario, sino fundamental en el ataque por lo que puede ser considerado coautor y partícipe directo del delito.
Tras recursos presentados por los representantes de la vicemandataria, la Cámara Federal porteña exigió a Capuchetti tomar en cuenta pruebas que desestimó.
Entre los elementos que fundamentaron la ampliación de su declaración se encuentran mensajes enviados por celular por el sospechoso con textos como: “Recuerda esta fecha”, “Ya está muerta”, “No sabes qué hicimos con esto. Generar miedo para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo”.
oda/gas
